La muerte de un camarógrafo de televisión calentó el clima político en Rio de Janeiro, donde el jueves hubo una nueva protesta contra el aumento del boleto de bus, mientras partidos de extrema izquierda son acusados de pagar manifestantes violentos.

"¡Prensa fascista, ustedes son los terroristas!", repetían entre la multitud una treintena de manifestantes, horas después de que fuera cremado el cámara Santiago Andrade de la red Bandeirantes, muerto el 6 de febrero después de que una bengala, lanzada por un manifestante, le estallara en la cabeza.

El acusado del hecho, de 23 años y detenido el miércoles, niega haber encendido el explosivo y afirmó a la policía que "hay personas que alientan a los jóvenes a participar de las marchas" y que ya fue "invitado a participar de forma remunerada".

Los manifestantes radicales, en su mayoría de origen humilde, también reciben a veces comida y pasajes para llegar a las protestas, relató Caio Silva de Souza, según su declaración policial obtenida por el diario popular Extra.

- "Aquí por un ideal" -

Aunque el joven no especificó si él mismo recibió un pago, su abogado, Jonas Tadeu Nunes, aseguró a la televisión Globo que él y otros manifestantes recibían 150 reales en cada protesta (USD 62) a cambio de "protagonizar actos violentos" y "desarticular al gobierno".

Caio Silva de Souza dijo a la policía que cree que "los partidos que llevan [su] bandera [a las protestas] son los mismos que pagan a los manifestantes", y menciona al PSOL y al PSTU, ambos partidos de extrema izquierda.

El impopular gobernador de Rio, Sergio Cabral (PMDB, centro, que integra la coalición de gobierno de Dilma Rousseff), repudiado por los manifestantes, se sumó a las denuncias.

"Esos dos jóvenes están insertos en un contexto mayor (...). Hay partidos políticos y organizaciones involucradas en esas acciones" violentas en las manifestaciones, aseguró el miércoles a la prensa.

Una manifestante aseguró que los dos detenidos por la muerte de Andrade eran conocidos del diputado estatal Marcelo Freixo (PSOL). Freixo admitió que emplea en su gabinete a un asesor que también actúa en defensa de los manifestantes detenidos por la policía, pero negó rotundamente todo vínculo con ellos.

Aceptó por otro lado que se equivocó al no condenar con más firmeza la violencia protagonizada en general por miembros del grupo anarquista Black Bloc, surgido en junio y cuyos miembros protestan vestidos de negro y enmascarados.

Las manifestaciones que se suceden periódicamente en Rio tienen lugar a cuatro meses del Mundial de fútbol, pero también a pocos meses de las elecciones de octubre, en las que Brasil elige presidente de la República, gobernadores estatales, senadores federales y diputados federales y estatales.

"No he recibido un real, estoy aquí por un ideal", se podía leer en las pancartas de los manifestantes de la protesta de este jueves, que se estima reunió entre 500 -según la policía- y 2.000 -según los organizadores-.

La manifestación estuvo acompañada de un fuerte contingente policial y en su recorrido no entró a la estación Central, la mayor ferroviaria de Rio, donde se registró la protesta en la que murió Andrade.

"Quiero mis 150 reales" y "que se joda la Copa del Mundo" se podía leer en otra pancarta, constató una periodista de la AFP.

"En las marchas hay manipulación política, hay infiltrados para causar tumulto, pero vienen de la derecha, no de la izquierda", dijo a la AFP Diego Medeiros (31), un profesor de historia y militante del PSOL.

- Ley antiterrorista -

"El objetivo es debilitar las protestas antes de la Copa y es año electoral", añadió Medeiros, que está a favor de la celebración del torneo.

En medio de estas denuncias y tras la muerte del camarógrafo, gana fuerza en Brasilia un polémico proyecto de ley que considera terrorista la violencia física en las protestas callejeras.

"Esa clasificación genérica de terrorismo es un instrumento contra cualquier manifestación libre, contra cualquier movilización civil organizada", criticó el senador Randolfe Rodrigues (PSOL), y comparó esa norma con una que existía durante la dictadura militar (1964-1985).

Para el parlamentario, esta ley busca atender los pedidos de la FIFA para evitar protestas durante la Copa del Mundo (12 de junio-13 de julio).