Después de años de relativa calma social, Ecuador volvió a un estado de agitación permanente con cierres de rutas y protestas indígenas contra el presidente Rafael Correa, que en una semana dejan casi cien heridos y 111 detenidos.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la principal organización indígena opuesta a Correa, que en el pasado fue capaz de tumbar gobiernos con sus movilizaciones, volvió a hacer sentir su fuerza.

En las carreteras, obstruidas con enormes piedras y árboles talados, indígenas enfurecidos enfrentan a policías y militares que a punta de gases lacrimógenos y escudos protectores buscan despejarlas. En ciudades como Quito las marchas diarias se multiplican, unas más concurridas que otras.

Parece una imagen del pasado convulso de Ecuador, pero es el presente, al que el país deberá habituarse si el gobierno de Correa -advierte un líder indígena- no anula leyes o iniciativas que en la práctica le han restado poder a los nativos para controlar la educación, el agua y la tierra en sus territorios.

"El levantamiento va a continuar, ya estamos levantados, no vamos a arrodillarnos, a sentarnos siquiera. Si hay que descansar un poquito para volver con más fuerza" lo haremos, señaló el martes a periodistas Carlos Pérez, dirigente de Ecuarunari, grupo que aglutina a indígenas quichuas.

Junto con esos reclamos hay uno en el que confluyen indígenas, sindicatos y opositores de derecha: el archivo de la enmienda constitucional que debe aprobar en diciembre el Congreso, de mayoría oficialista, y que permitiría a Correa postularse a un nuevo mandato en 2017.

Esta agitación no había sido experimentada por este gobierno de ocho años, pero coincide con el difícil panorama económico que enfrenta el país, con la caída del precio del petróleo y de la competitividad de las otras exportaciones ecuatorianas, a causa de la apreciación del dólar, la moneda adoptada por Ecuador.

- Sin horizonte de diálogo –

El 10 de agosto la Conaie declaró un levantamiento (protesta progresiva) contra Correa, el popular presidente de izquierda que habla quichua y que desde su llegada al poder logró fracturar al movimiento nativo, gracias en parte a una inversión social en comunidades rurales.

Después del levantamiento indígena -que se inició con un recorrido a pie y en auto de 800km desde el sur del país- vino la gran movilización del 13 de agosto que, además de indígenas, reunió a miles de opositores que marcharon en Quito y otras ciudades al grito de "!Fuera, Correa, Fuera!".

También el oficialismo mostró su músculo con una nutrida concentración.

Correa, quien goza de una popularidad que ronda 50%, proclamó el fracaso de la protesta, insistió en que hay un plan para sacarlo del poder y cerró el diálogo con la advertencia de que no cedería al "chantaje".

"Inaceptable que en siglo XXI se cierren vías como forma de protesta. Es ilegal, ilegítimo, y la mayor muestra de la prepotencia que dicen combatir (...) ¡No retrocederemos ante la violencia!", advirtió Correa el lunes en redes sociales.

Desde el jueves se han registrado bloqueos en puntos estratégicos de Morona Santiago y de la provincia de Loja, principalmente, y los indígenas amenazan con extender la protesta a otras vías frente a lo que denuncian como "una represión brutal".

El despeje de las vías ha suscitado enfrentamientos que dejaron 81 policías y al menos 12 militares heridos, según un balance del ministerio del Interior y de otras fuentes oficiales.

Los indígenas no tienen un reporte de sus heridos. La Fiscalía, por su parte, informó el martes que 111 personas han sido detenidas en el marco de las protestas -56 de ellas procesadas- por paralización de servicios, ataques, porte ilegal de armas y otros delitos.

El mayor desafío que enfrenta el gobierno de Correa es para algunos analistas el resurgimiento de la Conaie.

Esa organización "se está reposicionando como un actor político y social" y seguramente "vamos a tener todo un periodo largo de movilizaciones, no solamente del movimiento indígena, sino de grupos de clase media, porque viene el segundo debate de las enmiendas constitucionales", dijo a la AFP Simón Pachano, analista de coyuntura de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

El líder de la Ecuarunari deja entrever que, en efecto, la protesta regresó para instalarse un tiempo. "Lo estamos haciendo sabiendo que es ilegal, y si nos toca ir a la cárcel, pues ya", comentó Pérez.

Para Santiago Basabe, politólogo de Flacso, la "gran ventaja que tiene la movilización indígena, respecto a otro tipo de movilizaciones, es su gran capacidad de resistencia y de mantener la protesta", señaló a la AFP.