Los mandatarios regionales que salgan elegidos hoy para un periodo de cuatro años, tendrán que enfrentar duros retos económicos no solo con el manejo eficiente del Presupuesto, sino que sus planes de Gobierno deberán estar sujetos a nuevas exigencias que han sido aprobadas por el Congreso de la República.

Uno de ellos, y quizá el más discutido y controvertido pero que finalmente se convirtió en ley de la República, tiene que ver con la reforma a las regalías, que sin duda afectará a los municipios y regiones que hasta ahora utilizan estos recursos para obras de toda índole pero que no son prioritarias para la población.
Refiriéndose al avance de esta iniciativa, el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry dijo que “estamos creando un nuevo país con posibilidades de desarrollo, recursos para la descentralización, triángulos de buen gobierno, recursos para ciencia y tecnología, para las zonas más pobres en el Fondo de Compensación, ahorro para combatir la enfermedad holandesa. Vamos a tener recursos para todo el país. Vamos a repartir la mermelada en toda la tostada nacional, y sobre todo habrá prosperidad para todos”.
La reforma estipula que el reparto de las regalías deberá hacerse de la siguiente forma: 10 por ciento para pensiones territoriales, 10 por ciento para ciencia y tecnología, hasta 30 por ciento para ahorro, empezando por 20 por ciento, y el resto se distribuye entre zonas productoras, Fondo de Compensación Territorial y Fondo de Desarrollo Territorial. A las zonas productoras se les irá reduciendo el ingreso de 70 por ciento a 25 por ciento de forma gradual.
Como señala el nuevo modelo, las inversiones de las regalías ya no estarán en manos únicamente de los gobernadores, sino que serán administradas por lo que han denominado triángulos de buen gobierno, que consisten en una junta administradora compuesta por tres ministros, gobernador y representantes de la región, cuatro universidades públicas y dos privadas. Se calcula que para el próximo año, este mecanismo permitirá manejar alrededor de 9 billones de los recursos de las regalías, que deberán ser supervisados por la Junta Administradora.
Aunque no se sabe con exactitud como será la coordinación de la Junta, los mandatarios seccionales ya no tendrán independencia en el uso de los recursos minero-energéticos.
Respecto al uso de las vigencias futuras, aunque es una medida que fue avalada por la Corte Constitucional, se cree que a mediano plazo serán reformadas, como ahora lo está proponiendo la Contraloría General de la República, CGR.
La CGR considera que se requieren los controles y precauciones pertinentes en la figura de vigencias futuras, indicando que estas no son un instrumento de financiación de proyectos de mediano y largo plazo que podrían afectar de manera seria la estabilidad fiscal y la sostenibilidad financiera del Estado.
Así entonces, el ente de control propone en dos proyectos de ley en curso, que en las entidades territoriales quede prohibida la autorización de cualquier vigencia futura en el último año de Gobierno del respectivo gobernador o alcalde, excepto para aquellos proyectos que estén cofinanciados totalmente o mayoritariamente por la Nación.
Además, existe una iniciativa parlamentaria que crea vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales, y otra de origen gubernamental, en que se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las Entidades Territoriales.
Según la CGR, es necesario restringir los sectores de inversión, pues es claro que la existencia de las vigencias futuras excepcionales se presta para ser utilizadas en gastos de la más diversa índole que no son coherentes con el objetivo para el cual fueron creadas.
Por otro lado, está la regla fiscal que aunque no afectará directamente a alcaldes y gobernadores, sí deberán responderle al Gobierno para que el Estado pueda reducir su déficit fiscal.
Según lo dispuesto, la regla fiscal solamente se limita al Gobierno Nacional Central, teniendo en cuenta que no es necesario incorporar otras entidades del sector público, pues las entidades locales ya cuentan con instrumentos fiscales que les han permitido resultados favorables en el comportamiento de sus finanzas, como es el caso de la Ley 358 de 1997 y la Ley 617 de 2000.
Otras de las medidas a las que tendrán que acogerse en un futuro cercano los mandatarios seccionales se relaciona con el manejo de los recursos financieros, como lo establecen los proyectos de Régimen Departamental y Municipal –que actualmente cursan en el Congreso- y en los que se prevé un control de las Asambleas y los Concejos a las entidades públicas regionales.