Los magistrados de las altas Cortes y el fiscal general “serán responsables por cualquier falta o delito cometido en el ejercicio de sus funciones”.
Así quedó plasmado en el proyecto de acto legislativo de equilibrio de poderes y ajuste institucional cuyo quinto debate continuará el lunes, a las 3 de la tarde, en la Comisión Primera del Senado.
El artículo aclaró que “no podrá exigírseles, en ningún tiempo, responsabilidad por los votos y opiniones emitidos en las providencias judiciales proferidas en ejercicio de su autonomía funcional y dentro del imperio de la ley”, precisando que tendrán responsabilidad cuando favorezcan “indebidamente” intereses “propios o ajenos”.
Los congresistas de la Comisión acogieron por unanimidad la propuesta de la senadora Vivian Morales, del Partido Liberal, para modificar el artículo 178-A, aunque la redacción final correspondió a una proposición de la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, quien explicó que “la palabra inviolabilidad generaba muchas inquietudes porque se prestaba a la interpretación”.
Morales había denunciado que había un verdadero orangután que consagraba la “inviolabilidad judicial” para los magistrados de las altas Cortes y el fiscal general.
“Para mí es muy grato y celebro enormemente que el debate que se ha dado después de mi denuncia llevara a que los ponentes y el Gobierno echaran atrás ese esperpento de la inviolabilidad judicial que contenía el artículo 178-A y que convertía a los magistrados intocables”, precisó, destacando que es loable el debate dado en torno al tema porque llevó a la reflexión y a que se le diera un giro de 180 grados a la manifiesta inviolabilidad.
Para Morales era inaudita la inviolabilidad de dichos funcionarios porque con esto se permitía la irresponsabilidad absoluta de las decisiones judiciales que tomaran, pues aunque dictaran una providencia manifiestamente contraria a la ley, configurándose un prevaricato, o injusta, con lo que habría un abuso de autoridad, no podían ser investigados, juzgados y menos condenados.
Vicepresidente
Tres temas clave quedaron pendientes para el lunes: listas cerradas cremallera, Senado regional y funciones del procurador.
Ayer, luego de más de cuatro horas de discusión, la Comisión aprobó que el vicepresidente tendrá el mismo fuero del jefe del Estado, que se suma a la no reelección y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, entre otros, con la presencia de los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Justicia, Yesid Reyes.
Por 11 votos a favor y 7 en contra, la Comisión aprobó un artículo que dice que le "corresponde al Senado conocer de las actuaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces, contra el vicepresidente de la República y contra los miembros de la Comisión de Aforados; aunque hubieran cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos".
Además, la Comisión abordó por más de dos horas la construcción del tribunal de aforados, que remplazaría a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
"El objetivo de esta nueva instancia es fortalecerla, con la figura de medidas cautelares, que abriría la puerta para que el funcionario sea investigado mientras se desarrolla el proceso. La idea es que no afecte la investigación, ni la institución donde el funcionario preste sus servicios", dijo el presidente de la Comisión, Juan Manuel Galán, del Partido Liberal.
Adicionalmente, durante el debate se presentó una aguda controversia entre el ministro Cristo y la senadora López por la alteración del contenido de la ponencia consensuada, en el punto sobre el fuero al vicepresidente, que posteriormente se despejó con la aprobación del artículo que le otorgó el mismo fuero del Presidente de la República.
El senador Alexánder López, del Polo Democrático, insistió en la existencia de un “mico” en la reforma que estaría permitiendo el archivo de por lo menos 1.600 procesos que se adelantan en la Comisión de Acusaciones contra el hoy senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, así como el fiscal Eduardo Montealegre y el magistrado Jorge Pretelt.
“Si las investigaciones no avanzan en un año, no pasarían a manos del nuevo tribunal de aforados. Quedarían muertos esos procesos. Se estaría permitiendo la impunidad y se le estaría enviando una señal equivocada al pueblo colombiano. Se les estaría diciendo que los altos funcionarios del Estado tienen permitido todo: hacer chuzadas ilegales, recibir sobornos y nadie los investiga y sanciona”, dijo.