Respondieron los siete magistrados a las críticas y cuestionamientos en un informe de la Contraloría General sobre anomalías en el nombramiento de magistrados auxiliares.

Henry Villarrraga, presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, dijo que las actuaciones de los magistrados para el nombramiento de sus auxiliares “fueron hechas conforme con el ordenamiento jurídico y no hemos desconocido ninguna norma de ética pública”.

Según él, muchos de los nombres que aparecen en el informe de la Contraloría General siguen trabajando en el alto tribunal, y todavía no tienen la edad para la jubilación.

Villarraga manifestó que “existe desinformación” en el tiempo de trabajo de cada uno de los magistrados auxiliares, en los que se manifestaba que habían trabajado unos días pese a que ya llevaban más de 10 años laborando.

Tres magistrados auxiliares que aparecen en la lista, afirmaron que dicha información no corresponde a la realidad, por lo que se mostraron dispuestos a entregar a las autoridades todos los documentos pertinentes.