La historia se repite. Vuelve y juega el intento del regional de Cataluña se realizar un referéndum de independencia, aprobado por ese parlamento regional para el 1 de octubre, que de inmediato fue respondido por el gobierno central con una artillería judicial pesada, no sólo para evitarlo, sino para sancionar ejemplarmente, inclusive acciones penales, a sus organizadores.

En esa línea, las autoridades políticas y judiciales de España endurecieron el tono esta semana contra responsables catalanes, entre ellos directores de medios de comunicación, mandos policiales y alcaldes, para disuadirlos de participar en la organización del referendo de autodeterminación del 1 de octubre.

"Los que participen en un referéndum ilegal, lo saben, ahora no hay ninguna duda, (...) y todo el mundo tiene que aceptar las consecuencias de lo que hace", subrayó el viernes el gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo.

Al admitir el jueves cuatro recursos del gobierno español contra la consulta, lo que automáticamente la dejó suspendida cautelarmente, el Tribunal Constitucional lanzó una advertencia a más de un millar de altos funcionarios catalanes, sobre todo a los 948 alcaldes, quienes deben decidir si abren sus locales para permitir la votación. 

"En Cataluña no va a tener lugar ningún tipo de referéndum de autodeterminación", reiteró la ministra española de Defensa, María Dolores de Cospedal.

El Constitucional llamó a acatar su decisión so pena de "las eventuales responsabilidades, incluida la penal".

Además de los alcaldes, la máxima instancia española en materia constitucional pidió a abstenerse de promover "acuerdo o actuación alguna que permita" el referéndum a la integralidad del gobierno catalán, empezando por su presidente Carles Puigdemont, y directores de la televisión y la radio públicas de Cataluña, entre otros altos cargos.

También incluyó al comisario jefe de la policía catalana, Josep Luis Trapero, muy visible en la investigación de los atentados yihadistas que el mes pasado dejaron 16 muertos en Barcelona y Cambrils.

 Resistencia independentista

Pero las autoridades independentistas se mantienen desafiantes, asegurando que no se amilanarán por mucha presión que haga la justicia o el gobierno de España. 

"Ante este tsunami de querellas, habrá un tsunami de democracia", había avisado el presidente regional, a cargo del gobierno independentista que quiere preguntar el 1 de octubre a los catalanes si desean que la región de 7,5 millones de habitantes y que representa el 20% del PIB español se convierta en un "Estado independiente en forma de república".

Al final de la semana, Puigdemont respondió con un video de dos minutos en su cuenta de Twitter en el que llamó a los catalanes a participar en masa en una gran manifestación el lunes, el día de la Diada, la fiesta de Cataluña, en la que cada año se reúnen cientos de miles de personas. 

Frente a las "amenazas" y a la "persecución" y a la "utilización de infraestructuras del Estado" contra la democracia, Puigdemont llamó a responder "a la catalana, de manera cívica, festiva y participativa".   

Como prueba de su determinación, el parlamento catalán dominado por los separatistas aprobó la madrugada del viernes, luego de la decisión del Constitucional, la llamada "ley de transitoriedad", que detalla el funcionamiento de la hipotética República catalana en caso de ganar el "sí".

Al igual que las otras leyes aprobadas en la cámara catalana, la de transitoriedad será impugnada ante el Constitucional por el gobierno, anunció Méndez de Vigo.

Además, el gobierno insistió que no descarta ninguna opción del arsenal jurídico que tiene a su disposición. Sobre la posibilidad de apelar a la medida más extrema, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite someter a una región a cumplir forzosamente la Carta Magna, Méndez de Vigo afirmó: "Sin renunciar a nada es sin renunciar a nada".

De su lado, el Tribunal Superior de Cataluña anunció que admitió a trámite sendas querellas contra Puigdemont y su gabinete, por un lado, y contra la presidenta del parlamento regional, Carme Forcadell, por otro, por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación (este último puede conllevar cárcel) por las leyes y decretos que permiten el referéndum.

El conflicto legal es frontal entre estas disposiciones y la tenacidad de las autoridades independentistas, que aseguran defender sus derechos tras años de "humillación" por parte del gobierno conservador de Mariano Rajoy.

El gobierno catalán asegura contar con el apoyo de una mayoría de ayuntamientos, además de tener listos a más de 16.000 voluntarios para la organización de la consulta.

Según la asociación de municipios independentistas, ya son 654 los ayuntamientos que apoyarán el referéndum, pero de las diez ciudades más pobladas, sólo tres accedieron por ahora a colaborar.

La mayor de ellas, Barcelona (1,6 millones de habitantes), dirigida por la izquierdista Ada Colau, postergó su decisión.  Colau criticó en un texto a Rajoy, diciendo que "no se puede delegar la política en jueces y fiscales". Pero también precisó su deseo de reivindicar "el matiz", afirmando que "la solución tampoco pasa por hacer ver que esto puede resolverse de una manera fácil y rápida, anteponiendo el fin a los medios y, con las prisas, dejando fuera a la mitad de 'Catalunya'".

¿Indetenible?

En medio de la ofensiva legal del gobierno central, el regional de Cataluña están en una carrera contra el reloj para realizar la consulta del 1 de octubre, que puede finalmente ser una carrera perdida por la férrea decisión del gobierno central de mantener la unidad de España.

La mayoría independentista del parlamento catalán aprobó el miércoles la ley que regula el referéndum "vinculante", con el que pretende, en caso de ganar el "sí", declarar en 48 horas la independencia de la rica región de 7,5 millones de habitantes.

Bajo este panorama, la pregunta es si Cataluña logrará garantizar el "voto directo, personal, libre, secreto, igual e universal" que tenga credibilidad fuera y dentro de España.

La Generalitat (ejecutivo catalán) ha dicho que quiere una consulta similar a unas elecciones regionales. En las últimas en Cataluña, en septiembre de 2015, se habilitaron 2.702 colegios y 8.177 mesas electorales.

La producción de las 8.177 urnas y de las papeletas necesarias es un dolor de cabeza para Barcelona, que ha denunciado interrogatorios a empresas contratadas.

Sin revelar detalles, Puigdemont anunció a finales de agosto que ya estaban listas "más de 6.000 urnas". No se sabe dónde se encuentran.

La ley electoral especifica que el censo electoral incluye "a los electores residentes en Cataluña y los residentes en el exterior", y cerró el 30 de marzo pasado, pero no especifica de dónde provienen los datos.  Además, se requiere un censo transparente y público que pueda ser consultado por todos con anticipación, así como tarjetas electorales.  

Entre tanto, cada mesa debe contar con un presidente y dos vocales, por lo que se necesitan al menos 24.000 personas para llenar los puestos, que serán sorteados públicamente y son de cumplimiento obligatorio, según la ley.

Además, el gobierno regional busca miles de voluntarios para diversas tareas electorales, para lo que abrió una "bolsa de colaboradores". Aseguraba el jueves disponer ya de 16.000 voluntarios.

También deben adoptar temas en cuanto la seguridad, la observación internacional y el escrutinio, entre otros.

Todo lo anterior es incierto y lo único seguro es que por estos días volvió a levantarse el  muro de incomprensión entre las autoridades Barcelona y Madrid, mientras el sentimiento ciudadano oscila entre la tristeza  y la extrañeza.