La sala plena de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la competencia que tiene la Contraloría General para hacer investigaciones y juicios fiscales contra los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

En una trascendental decisión la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Fernando Alberto Castro Caballero, rechazó una demanda que había sido presentada por Víctor Velásquez Reyes y Eduardo Carmelo Padilla y confirmó una decisión proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 16 de abril de 2.012 por medio de la cual se determinó lo siguiente:

“La Contraloría General de la Republica es competente para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal en contra de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, doctores José Ovidio Claros Polanco, Julia Emma Garzón Gómez, Henry Villarraga Oliveros y Pedro Alfonso Sanabria Buitrago, por el presento detrimento patrimonial que se podría haber causado para el Estado con ocasión del nombramiento de magistrados auxiliares de los despachos de que son titulares”.

Con sentencia de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia la Contraloría General de la República tiene plena competencia para continuar el trámite correspondiente en el proceso de responsabilidad fiscal contra los responsables del llamado “carrusel de las pensiones” en el Consejo Superior de la Judicatura.

La decisión de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia señala que “el conflicto de competencias es una cuestión accesoria a la actuación matriz, en este caso la responsabilidad fiscal de unos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Así mismo, el pronunciamiento que se hace determina un aspecto de la legalidad del acto final en la investigación fiscal, cual es la competencia del servidor que debe proferirlo, y a ello hay que estarse toda vez que se decidió conforme al debido proceso por parte del juez natural”.