Lupa a los planes del Gobierno para frenar el robo de celulares pondrá el Congreso a partir de marzo, según legisladores de ambas cámaras.

El senador Carlos Alberto Baena, presidente del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), dijo que “yo tengo un debate pendiente ahí en la Comisión Sexta, pero toca esperar hasta marzo”.

Para Baena debe haber un mayor control, pero a nivel de legislación no ve que se pueda hacer mucho, aparte del control político para que el Gobierno nacional lidere más el tema.

“Es un tema de Gobierno que debe seguir liderándolo entre los países de la región”, dijo.

El representante por Cundinamarca, José Edilberto Caicedo, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), afirmó que debe haber algún componente tecnológico que impida que se pueda volver a utilizar el celular robado, no importa el país en donde esté.

“Por más que uno sancione”, sostuvo Caicedo, “mientras que el celular se pueda volver a utilizar el negocio no se va a perder”.

“De eso ya habíamos hablado en algunas de la sesiones de la Comisión Sexta, donde planteábamos que existiera un chip en cada uno de los móviles y así evitar que fuera conectado de nuevo”, manifestó.

Para Caicedo, la idea es que los equipos robados se puedan ubicar satelitalmente o se le dé una orden  para bloquearlo.

El senador Carlos Ferro, también de La U, afirmó que es un tema que siempre se ha pensado en convertir en ley de la república, porque lo que se debe buscar es fundamental es cerrarle los espacios a la delincuencia y evitar que cuando se presente este tipo de robos de celulares sean llevados a otros países.

“Con anterioridad ya se han tomado unas medidas. Fundamentalmente se habían firmado algunos convenios con los países del Pacto Andino para evitar esa comercialización de los celulares robados. Y es un tema de política trasnacional”, señaló, agregando que “aquí debe haber unos acuerdos internacionales con los demás países que son vecinos”.

El senador nariñense Parmenio Cuéllar, del Polo Democrático, indicó que el problema está en que el hurto de un celular da lugar a un proceso y ese procedimiento cuesta más que un celular.

“Sería pensar en una ley que agilice el proceso para denunciar el robo de los celulares”, consideró.

El congresista dijo que el problema es que los siguen vendiendo y comercializando en Colombia: “No es que solamente se lo lleven a otra parte. Para prohibir en otros países no lo podemos hacer con leyes colombianas. Y en tercer lugar no se necesitan leyes para evitar que roben, porque eso ya es un delito de hurto”.