La Procuraduría adelantará una acción preventiva frente al cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas al Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para garantizar la vida y la integridad física de 27 mujeres afrocolombianas, de sus respectivas familias, así como de las integrantes de la Corporación SISMA Mujer.

Estas personas fueron desplazadas de los municipios de El Charco, Barbacoas y La Tola en el departamento de Nariño, hacia el distrito de Agua Blanca de la ciudad de Cali (Valle del Cauca).

De acuerdo con la información recibida por la CIDH por parte de la Corporación Jurídica de Vida, la situación de riesgo  de estas mujeres persiste en la actualidad y es mayor la vulnerabilidad en la que se encuentran y, agrega, que dichas medidas son insuficientes en vista de la situación de riesgo que enfrentan sus integrantes.

En consecuencia, el 9 de marzo de 2012 en la reunión de Seguimiento y Concentración de las Medidas Cautelares se establecieron como beneficiarias estas 27 mujeres y las entidades intervinientes asumieron compromisos en el marco de sus competencias.

Se vigilará entonces el cumplimiento de los compromisos por parte de las entidades las siguientes entidades: los ministerios del Interior, de Defensa Nacional y de Salud, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Con esta acción el Ministerio Público también busca generar un documento que contenga unas recomendaciones, si es del caso, dirigidas a la Cancillería.

La acción preventiva será adelantada por los integrantes del grupo de Instancias Internacionales de la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos.