El secretario mexicano de Economía, Idelfonso Guajardo, afirmó el miércoles en París que la controvertida reforma para abrir el sector petrolero de México a capitales privados será adoptada antes del fin del verano (boreal).

Guajardo se encuentra en París, donde participó el martes en la conferencia ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En conferencia de prensa dada el miércoles en la sede de la OCDE, indicó que la ley de apertura a las inversiones privadas de la petrolera estatal Pemex "se adoptará antes de que termine el verano".

"El ejecutivo federal envió a la Cámara de diputados la iniciativa, está en proceso. El poder legislativo terminó el periodo ordinario el 30 de abril pero se hicieron acuerdos para establecer periodos extraordinarios en mayo y junio, justamente para poder agendar algunas leyes pendientes", dijo.

"En ese proceso estará también agendada la reforma en materia de energía", precisó, dando por segura su adopción. "Las reformas constitucionales se aprobaron el año pasado, lo que era el reto mayor porque se requería mayoría calificada y en este caso se requiere solamente mayoría simple", argumentó.

Al preguntársele sobre la controversia respecto a la ley, en la que intervino recientemente el oscarizado cineasta mexicano Alfonso Cuarón, y la posibilidad de que la misma incida en la adopción de la reforma o en su calendario, Guajardo alegó que "el debate no es nuevo, la variante es que ahora un personaje reconocido por su profesión se suma a él".

"Es bienvenido, pero el debate ha sido largo y documentado. Si ha habido un tema en la historia de México que ha tenido un debate nacional ha sido el petróleo", agregó.

"Lo que no podemos es darnos el lujo de seguir difiriendo la necesidad que tiene la nación de tener acceso a energéticos competitivos y suficientes. No podemos darnos el lujo de volver a parar plantas productivas y empleo, como ocurrió en 2012, por falta de gas", recalcó

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto impulsó el año pasado una reforma constitucional en materia energética, que permitirá a compañías privadas nacionales y extranjeras participar en ese sector estratégico, hasta ahora nacionalizado en México. La izquierda y un grupo de intelectuales se oponen a la misma.