Gabriel Sonny Cubillos
Periodista de EL NUEVO SIGLO
Las multimillonarias inversiones sociales y en infraestructura que se tienen previstas en la mayoría de regiones del país en la eventual etapa del posconflicto, en caso de que se firme un acuerdo del cese del conflicto con las Farc, requerirán una vigilancia especial para evitar que sean presa de la corrupción.
En ese sentido el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Alberto Enciso Vanegas, dijo que “el proceso de paz y el periodo del posconflicto requieren un trato especial en el tema de la corrupción. Una cosa es que se pierdan recursos en época de bonanza y en época de paz y tranquilidad, en un país que no ha tenido un conflicto como el nuestro, y otra cosa es que se pierdan los recursos que están destinados para implementar los acuerdos de paz de un país que ha tenido una tensión tan importante como Colombia en muchos frentes, y que de alguna manera tiene unos riesgos de volver a generar estallidos de violencia si no se solucionan de fondo las problemáticas”.
El alto funcionario explicó que la estrategia que se ha diseñado para blindar la inversión de estos recursos hace énfasis en zonas específicas de consolidación, lugares en los cuales ha habido conflicto armado en el pasado y hoy que están en proceso de ingresar a un nuevo periodo de paz y que requieren inversiones que están destinadas para implementar los acuerdos de paz. Allí debe asegurarse que los recursos lleguen a las comunidades y que se empleen para la ejecución de los proyectos previstos.
“Queremos blindar los recursos del proceso de paz, asegurarnos que no se va a perder un centavo y vamos a montar unos proyectos especiales para vigilancia en esas zonas que consideramos como de riesgo por el hecho de que son zonas de posconflicto y en fase de consolidación de los acuerdos de paz”, dijo Enciso.
El agro
El sector rural será el que concentrará las principales inversiones durante la etapa del posconflicto, pues precisamente la guerra en Colombia tuvo su origen en la lucha por la tierra; además de que en estas zonas existen los mayores índices de pobreza y de pobreza extrema.
En ese sentido, multimillonarios recursos ha previsto el Gobierno nacional serían necesarios para poner en marcha las acciones que tiene pensadas durante el posconflicto para reverdecer el campo y sentar las bases que aclimaten la paz.
Sobre el particular el viceministro de Desarrollo Rural, del Ministerio de Agricultura, Aníbal Fernández de Soto Camacho, explicó hace algunas semanas que “hoy en día formalizar un predio privado nos cuesta cerca de un millón y medio de pesos. Supongamos que logramos reducirlo a un millón de pesos, son cerca de 2 millones de predios en el país los que necesitan un nivel de intervención para formalizarlos. Estamos hablando de 2 billones de pesos”.
A renglón seguido el alto funcionario hizo referencia al tema de adecuación de tierras. “Si queremos generar del campo un lugar de oportunidades, si queremos duplicar el área sembrada en el país y pasar de cinco millones y medio de hectáreas ojalá a diez u once, pues tenemos que llevar esta infraestructura de riego y drenajes a las regiones. Un diagnóstico que hemos hecho en el Ministerio con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria nos da que cerca de seis millones de hectáreas aptas para los cultivos, intervenirlas con infraestructura de riego cuesta cerca de 48 billones de pesos”.
En ese sentido Fernández de Soto dijo que para obtener esos recursos se necesitará no solo el esfuerzo del presupuesto público sino también contar con alianzas público-privadas “y el esfuerzo de privados para llegar con esta adecuación de tierras que el campo necesita”.
Adicionalmente los programas de generación de ingresos, “esas ayudas, esos subsidios que generan valor, esos aportes para el rendimiento campesino, son programas que duran cerca de dos años para cada familia beneficiada y que engloban aportes por cerca de diez millones de pesos durante esos dos años. Son cerca de doce millones de pobladores rurales que tiene Colombia. Imaginémonos las dimensiones”, dijo.
$90 billones
En un reciente debate de control político en la Comisión de Paz del Senado se dijo que el posconflicto costaría al país cerca de $90 billones. "Los colombianos además deben diferenciar entre el costo de la paz que es lo que vale el fin del conflicto; es decir el desarme, desmovilización y reintegración para 18 mil excombatientes de grupos subversivos cuesta $630 mil millones y el costo del postconflicto es cercano a los $90 billones necesarios para la reconstrucción del tejido social en todas las regiones en los próximos 10 años”, aseguró el copresidente de esa célula legislativa, senador Roy Barreras.