De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, a Lyons se le cuestiona, en primer lugar, por presuntamente haber omitido en una resolución suscrita en 2013 la incorporación de las condiciones que se exigirían a la Empresa Aguas de Córdoba S.A. como contratista de un convenio interadministrativo.

Según el comunicado de la Procuraduría, “en segundo lugar se le reprocha que, al parecer, omitió el seguimiento y control de este proceso contractual financiado con recursos del Sistema General de Regalías denominado ‘Optimización del Sistema de Acueducto Regional del Sinú Medio en el departamento de Córdoba’, durante los años 2013, 2014 y hasta mayo de 2015”.

En el mismo proceso está también citada Gloria Cecilia Cabrales, entonces gerente de la Empresa Aguas de Córdoba, a quien “le fueron imputados dos cargos.

El primero de ellos está relacionado con la suscripción de un contrato de obra con el Consorcio Sinú, cuyo objeto es el ‘Mejoramiento del Sistema del Acueducto Regional del Sinú Medio en el departamento de Córdoba’, por la suma de 4.823.100.824 pesos, sin contar con los estudios necesarios y suficientes, lo que conllevó, entre otros, al replanteo del proyecto y a la adición del plazo de ejecución en más de la mitad del término inicial, violando, al parecer, los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación pública”.

“En segundo lugar”, precisó el comunicado, Cabrales habría permitido “que se realizaran pagos por fuera de lo estipulado, pues a pesar de tener un avance de obra bajo, que a marzo de 2015 registraba una ejecución del 34,61 por ciento financieramente se ha ejecutado en un 98,17 por ciento de los recursos”.

“De comprobarse estas conductas, los investigados podrían estar incursos en faltas disciplinarias por incumplir sus deberes”, pues, según el comunicado, “debían velar porque un proyecto tan relevante para el mejoramiento de la calidad de vida regional se desarrollara en las mejores condiciones”.