La Contraloría General ejerce labores de control y fiscalización de los recursos de gastos reservados a la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y cada una de sus Unidades. Sin embargo, en virtud de un fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría no estará facultada para ejercer control fiscal a los gastos reservados de la Fiscalía General de la Nación.

Conviene recordar que el Fiscal General de la Nación interpuso acción de tutela en contra de la Contraloría General por violación a sus derechos fundamentales como consecuencia de haberle iniciado, dentro de sus competencias constitucionales y legales, proceso administrativo sancionatorio por no haber rendido oportunamente el informe contractual de la Fiscalía General de la Nación correspondiente al último trimestre de 2012.

Si bien en primera instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela por hecho superado, dicha decisión fue impugnada por el apoderado judicial del señor Fiscal General de la Nación, doctor Néstor Osuna, actual magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

En el fallo que desató la impugnación, suscrito por los doctores Gustavo Enrique Malo Fernández y Luis Guillermo Salazar Otero, Magistrados de la Sala Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se previno tajantemente a la Contraloría General de la República "para que se abstenga de incurrir en irregularidades sustanciales como la que generó la interposición de esta acción de tutela, concretamente, no podrá iniciar o proseguir investigación alguna de carácter fiscal (resarcitoria o sancionatoria) contra los funcionarios aforados en el artículo 174 de la Constitución Política", que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.