Atender con prontitud las problemáticas de las comunidades indígenas, LGBTI, lo mismo que de sindicalistas y personal docente en algunas poblaciones de Norte de Santander, urgió el ministro del Interior, Germán Vargas, a las autoridades locales y departamentales.

Vargas dijo que es una obligación de todas las autoridades públicas la incorporación de los Derechos Humanos en sus planes de gobierno, que debe estar acompañada de los recursos necesarios para esos programas.
“En este sentido, se traduce en un deber prioritario atender la situación de las comunidades indígenas, especialmente de los pueblos Inga, Motilón-Bari y U’wa, de las personas LGBTI, de los defensores de Derechos Humanos, de los miembros de las Juntas de Acción Comunal, del movimiento sindical y los docentes”, insistió Vargas.
El ministro Vargas les recordó al Gobernador y a los alcaldes de Norte de Santander que también es importante tomar los correctivos necesarios para prevenir y atender a las víctimas, tales como las personas en situación de desplazamiento y los niños y niñas víctimas del reclutamiento forzado.
El alto funcionario dijo que la Mesa de Garantías debe ser un mecanismo para deliberar, aportar y, si es del caso, para formular críticas, en la perspectiva de que no será el último espacio de diálogo sino, por el contrario, un paso importante para afianzar la versión departamental de este proceso nacional de garantías.  
Vargas lideró la Mesa Regional de Garantías de Derechos Humanos en Cúcuta. A la fecha se han realizado 6 sesiones de la Mesa Regional de Garantías. En este año Cúcuta, Bucaramanga y Pereira; a finales de 2011 hubo encuentros en Popayán, Barranquilla y Bogotá.
Según Vargas, se trata de transmitir “el mensaje enfático y preciso” del presidente Juan Manuel Santos “de que las autoridades públicas deben propiciar todas las condiciones necesarias para el ejercicio libre de las labores” que los defensores de Derechos Humanos “desarrollan”.