“Hemos corregido con mucha atención y estamos evaluando todas las informaciones que al respecto existen para lograr ejercer nuestras competencias y nuestras funciones”, manifestó ayer el procurador Alejandro Ordóñez, ante los reportes de prensa y señalamientos realizados al gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez. 

“Si nosotros encontramos que existe incumplimiento de deberes funcionales es nuestra obligación actuar en concordancia. Le corresponderá a la Fiscalía General de la Nación hacer las investigaciones del caso, porque lo que al parecer se está denunciando son conductas de carácter penal”, agregó.

Sobre las amenazas a periodistas, Ordóñez dijo: “Ante amenazas que tengan los periodistas o cualquier ciudadano colombiano, que tengan relación al ejercicio de sus funciones o competencias, a la Procuraduría le corresponde no solamente investigar sino generar la activación de todos los instrumentos del Estado para defender la vida y la honra”.

Familia

Asegurando que la familia es la célula vital de la sociedad y el sustento esencial y fundamental de ella, el procurador Ordóñez ayer manifestó la importancia de fortalecer esta institución en el país, a propósito de la conmemoración del Día Nacional de la Familia. 

El jefe del Ministerio Público hizo un llamado a insistir y a revisar “el fortalecimiento de los lazos familiares y las observaciones sobre las consecuencias sociales de la desintegración de la célula familiar”.

Cuestionado por los medios de comunicación sobre las solicitudes de incluir en políticas de familia a la población homosexual, el procurador fue enfático en afirmar que  “al homosexual no se le puede discriminar por ser homosexual. Tiene todos los derechos y todos los reconocimientos en nuestro ordenamiento jurídico. Hay absoluta claridad y compromiso de toda la institucionalidad de respeto a la condición de persona”.

“Es un debate que ustedes conocen cuál ha sido la posición de la Procuraduría frente a la Corte Constitucional en esa materia. Hay una decisión judicial que tiene efectos en el ordenamiento jurídico”, explicó al ser preguntado si las parejas del mismo sexo constituyen familia.

Judíos

Como un episodio “cancelado” e “inapropiado” calificó el procurador general de la Nación la polémica generada por su supuesta postura ante el Holocausto.

“Quienes lo han dicho son algunos despistados e interesados periodistas. Yo me reuní con dicha comunidad y salieron absolutamente satisfechos sobre la conversación que tuvimos sobre esos temas. Es un episodio absolutamente cancelado y es totalmente inapropiado tratar de volver a revivir algunos episodios que a mí no me corresponde rectificar porque nada he dicho en ese sentido ni antes ni ahora, ni en el futuro lo voy a hacer. Lo que existe son intereses, no sé de qué orden, de algunos periodistas”, concluyó.

Cárceles

La Procuraduría anunció que ejercerá poder preferente disciplinario de aquellas investigaciones que se vienen adelantando en la Dirección General del Inpec por conductas violatorias de los Derechos Humanos de los internos recluidos en las cárceles del país, por corrupción administrativa y por irregularidades en la contratación estatal.

A través de una circular, el procurador Ordóñez les dijo a los procuradores delegados, procuradores regionales, procuradores distritales y provinciales; procuradores judiciales I y II y demás funcionarios de la Procuraduría, que el poder preferente se ejercerá sobre los expedientes que en la actualidad cursan en la dirección del Inpec relacionados con irregularidades en la expedición de certificados de descuentos y falsedades para redención de pena, abuso sexual, lesiones personales, cobros indebidos de dineros por parte de la guardia penitenciaria, entre otros.

Se ordenó a los despachos de la Procuraduría donde cursan investigaciones por las conductas ya señaladas el impulso inmediato de éstas, para lo cual dispuso la adecuación de los procesos disciplinarios en curso en todas las dependencias, al procedimiento verbal, de acuerdo con lo establecido en el Código Único Disciplinario  (CDU) y el Nuevo Estatuto Anticorrupción, que modifica el citado Código.

Estado de cosas inconstitucional

El anuncio coincide con la solicitud del representante por Bogotá, Iván Cepeda, del Polo Democrático, a la Corte Constitucional de declarar abierto un procedimiento de Seguimiento Especial de Tutela, debido a la grave situación que tienen que padecer más de 117.015 personas envueltas en situaciones de hacinamiento, desprotección, discriminación y la falta de atención en salud.

Cepeda resaltó la intención del Gobierno Nacional de buscar salidas a la crisis carcelaria, al presentar el proyecto de Reforma al Código Penitenciario y Carcelario, pero consideró que las medidas allí contempladas se quedan cortas.

En la solicitud, Cepeda reiteró que está demostrada la condición de crisis de tipo estructural y sistémica, relacionada con la ausencia de políticas públicas idóneas y eficaces para la prevención y atención de la problemática del sistema carcelario y de la política criminal colombiana, la cual configura nuevamente, al igual que en 1998, un estado de cosas inconstitucional. A esto, agregó las numerosas tutelas que en los últimos meses han sido falladas de manera favorable a los internos en distintas cárceles del país para evitar que ingresen nuevos reclusos a dichos centros.

El representante recordó que según cifras entregadas por el Inpec en abril de 2013, el hacinamiento era del 261,3% en Valledupar, en la cárcel de Riohacha del 398%, Santa Marta 242,3%, en la cárcel de Bucaramanga del 144,7%, Cali 243%, Bellavista 197,8%, Itagüí 127,1%, y en La Modelo de Bogotá del 104,7%.