La Procuraduría, en defensa del interés general, de los recursos naturales y del ambiente, interpuso acción popular ante el Tribunal Administrativo de Córdoba en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, el Instituto Nacional de Vías (Invías), el departamento de Córdoba y los municipios de Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Antero del departamento de Córdoba, para solucionar la grave problemática que sufre la línea de costa de ese departamento que soporta fenómeno erosivo.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, con fundamento en la Ley 472 de 1998 solicitó medidas de urgencia para prestar la debida atención a las familias, soluciones ante la inminente afectación de la vía nacional por el fenómeno en mención y medidas a mediano y largo plazos para la implementación de proyectos que permitan controlar la problemática que genera la erosión.

De igual forma, la Procuraduría requirió la evaluación de uso del suelo para generar cambios en los sistemas de explotación vigentes, hasta el restablecimiento de las áreas de manglar, construcción de obras de defensa, e incluso la relocalización de pequeños asentamientos poblacionales en áreas de riesgo de catástrofe.