Debido al retorno de colombianos desde Venezuela el censo electoral se podría modificar

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A UN poco más de dos meses de los comicios parlamentarios la financiación de las campañas políticas es lo que más le preocupa a la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.

La entidad no gubernamental anunció que tendrá un número importante de observadores en todo el país para darle mayor transparencia tanto a los electores como a las campañas.

EL NUEVO SIGLO: - ¿Qué alerta hace hoy  la MOE?

ALEJANDRA BARRIOS:- Resulta preocupante el hecho de que haya una falta de información y de control al financiamiento y a la propaganda de algunos movimientos políticos, pues lo que se estaría cocinando sería una “precampaña”. Por esa razón se hace un llamado a la Registraduría para haga un estricto control. 

ENS:- ¿Cómo se ha preparado la MOE para esta campaña?

AB:- Nos hemos estado reuniendo para realizar la planeación estratégica. Vamos a definir cómo será el despliegue nacional para las elecciones. Incluso tenemos contemplado una observación especial por si al final se decide que habrá circunscripciones de paz. Para toda la jornada tenemos pensado movilizar cerca de 7.000 observadores, sin incluir los equipos internacionales. Creo que las elecciones de 2018 van a ser las más interesantes en los últimos años. Es la primera vez que no podemos leer el panorama. En las otras elecciones la gente podía acercarse y atreverse a decir quién ganaría las elecciones, pero en estas todo es incierto

ENS:- ¿Qué traerán estas las elecciones a Colombia?

AB:- Para la MOE este proceso electoral puede ser el primer acercamiento a la democracia participativa por parte de una gran cantidad de ciudadanos que vivían en municipios afectados por el conflicto armado. Al mismo tiempo la MOE señaló que debido al retorno de colombianos desde Venezuela, más evidente en estos últimos tres años, el censo electoral se podría modificar principalmente en los departamentos de frontera y en algunos de la costa Caribe. Es importante adoptar las medidas necesarias para que estos fenómenos no sean entendidos de manera equívoca como trashumancia electoral.

ENS:-¿Cuáles son los retos para las elecciones tanto del Congreso como las presidenciales?

AB:- El gran reto tiene que ver con las variaciones de censo que puede presentar el país para este proceso electoral. Según la MOE existen 214 municipios con censos electorales demasiado pequeños para el tamaño de su población, lo que sugiere que tienen población no cedulada y que en la mayoría de los casos corresponden a zonas afectadas por el conflicto armado y el abandono estatal.

ENS: - ¿En lo que tiene que ver con la financiación?

AB:- Para la MOE, la falta de mecanismos para frenar el uso desmedido e ilícito de la financiación es la puerta de entrada a la corrupción en el Estado. Según datos de Cuentas Claras en total los candidatos se gastaron 196 mil millones de pesos en la campaña electoral de Congreso 2014. La financiación estatal mediante anticipo fue de 15 mil millones, lo que representa apenas el 8% de lo gastado por los candidatos. Otro 12% fueron créditos bancarios, lo que significa que el 80% de la financiación de las campañas proviene de donaciones, créditos personales y familiares, que en la práctica son difíciles de verificar y controlar.

En el caso de Presidencia los candidatos (5) gastaron 66 mil millones de pesos en la campaña de primera vuelta y casi 19 mil millones en la de segunda vuelta en 2014. Es decir que la campaña de las dos vueltas presidenciales costó 85 mil millones de pesos. De los 66 mil millones gastados en la campaña de primera vuelta, el 45% (casi 30 mil millones de pesos) fueron cubiertos por anticipos del Estado. Los anticipos fueron solicitados por cuatro de los cinco candidatos. En la segunda vuelta ninguno de los dos candidatos usó financiación estatal.

ENS: - ¿Cuál es la realidad colombiana en este aspecto?

AB:- Hoy en Colombia, para la MOE, hay una opacidad real en el control de las contribuciones a través de fundaciones de “papel”; de los créditos otorgados por personas naturales (sobre los cuales no hay control para saber si se pagan realmente o si son en realidad aportes) y sobre las donaciones, en donde es posible que recursos de origen ilícito ingresen a nombre de “personas fachada”.