Un estudio denominado “Análisis Sistémico de Seguimiento y Control de Gestión en la Zona de Reserva de Biósfera (ZRB) Seaflower, y del Plan San Andrés como Estrategia Emprendida por el Gobierno Nacional Frente al Fallo de la Haya”, presentó la Procuraduría.

 

Se trata de un informe del Ministerio Público tras un seguimiento de más de dos años a la problemática social, económica y ambiental de la Reserva de Biosfera Seaflower, realizado, de acuerdo con un comunicado difundido esta tarde, con el ánimo de contribuir a la construcción de políticas públicas aplicables al archipiélago de San Andrés y Providencia.

 

Entre las principales conclusiones que se evidencian en este documento se destaca que es prioritario iniciar todo un proceso de reingeniería al interior de la autoridad ambiental Coralina, porque la actual es una entidad débil, con una baja capacidad de gestión y cumplimiento. 

 

Para la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como cabeza del Sistema Nacional Ambiental, debe considerar la posibilidad de convertirse en un referente y un verdadero apoyo para esta Corporación Autónoma, frente a la implementación de políticas, asignación de recursos que permitan la capacitación de funcionarios y brindar los elementos logísticos, de personal y financieros tendientes a que esa autoridad ambiental pueda ejercer a plenitud la administración de la ZRB Seaflower en cuanto a procesos de seguimiento, control, administración y vigilancia.

 

De igual forma, la Procuraduría considera indispensable que ante el problema demográfico que se está presentando en la isla, se fortalezca la gestión de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (Occre) para que pueda adelantar un efectivo control a los derechos de circulación y residencia en ese departamento.

 

El Ministerio Público dejó claro que es necesario darle coherencia a los mandatos constitucionales que establecieron un régimen especial para el archipiélago y en consecuencia mostrar al legislador la necesidad de darle coherencia y claridad al ordenamiento jurídico especial previsto para ese territorio insular y que se debe evaluar integralmente la expedición de normas que contengan un escenario ambiental particular para la región.

 

Frente a la problemática de desabastecimiento de agua potable, la Procuraduría resaltó que esto se da por la sobreexplotación del recurso hídrico, teniendo en cuenta que ha aumentando descontroladamente la población residente y sumado a los turistas que están ingresando a la isla, la cantidad de liquito disponible es inferior al necesario para abastecer al menos una hora diaria a toda la isla. 

 

Finalmente se recuerda que dada la importancia de su riqueza natural, la Ley 99 de 1993 ordenó la constitución del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como reserva de biosfera pero sólo hasta el año 2000 la UNESCO declaró gran parte de la zona marítima y la zona insular del archipiélago como tal, lo cual hace que esta área sea considerada como especialmente valiosa por su biodiversidad y ostente un rol de importancia internacional para fines de conservación por su riqueza en especies, recursos genéticos y ecosistemas estratégicos y frágiles.

 

Por último, la Procuraduría formuló un llamado preventivo a los ministros, al director del Departamento Nacional de Planeación y al gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para efectuar un trabajo conjunto inmediato y coordinado entre las entidades del orden nacional como departamental en relación con la construcción, de una adecuada estrategia social, económica y ambiental que se vea reflejada en mejoras concretas del nivel de vida de los habitantes del archipiélago, en cambios en las formas de ocupación del suelo; pero sobre todo en la protección efectiva de los importantes ecosistemas de la zona de reserva de biósfera Seaflower, entendiéndose esto último como un referente transversal a cualquier forma de acción.