“Estamos recorriendo el país para ejercer una función pedagógica en estas etapas previas al periodo electoral", manifestó ayer en Tunja el procurador Alejandro Ordóñez.

El jefe del Ministerio Público expidió la circular 016 de 2013, mediante la cual imparte instrucciones a los agentes de la entidad, procuradores y personeros para que realicen visitas especiales a las administraciones municipales, departamentales y distritales, y presenten informes periódicos en aras de verificar el cumplimiento de la ley de garantías electorales.

El procurador Ordóñez explicó las funciones legales y constitucionales del Ministerio Público antes, durante y después de los procesos electorales que se desarrollarán en el país en el año 2014 para elegir congresistas, presidente y vicepresidente.

Capacitación electoral a los funcionarios del Ministerio Público, vigilancia a la preparación logística del proceso electoral, vigilancia a la designación y acción de los actores del proceso electoral, vigilancia durante la jornada, así como acompañamiento e intervención ante autoridades electorales, fueron las áreas abordadas por el jefe del órgano de control.

En su intervención, el procurador recordó que delincuentes condenados por crímenes de lesa humanidad no podrán aspirar a cargos de representación popular u otro tipo de escaño público.

“No es una posición caprichosa del procurador, es una interpretación que deviene de claros mandatos constitucionales”, dijo.

“El ordenamiento jurídico es absolutamente claro y erige obstáculos insalvables para que los responsables de delitos de lesa humanidad puedan ocupar cargos de representación popular u otros cargos públicos”, recordó.

Adicionalmente reveló que la Procuraduría ha recomendado implementar acciones de control previo en lo referente a financiación de campañas políticas, solicitar a los movimientos políticos no designar testigos electorales sin certificaciones de capacitación en la materia y no utilizar las sedes de las registradurías municipales para las labores de escrutinio los días de elecciones.   

"Cualquier tipo de financiación de campañas por parte de quienes hoy son contratistas del Estado, atenta contra el principio de transparencia electoral", precisó.