159 connacionales que permanecen recluidos en el Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos denunciaron algunas dificultades relacionadas con su representación judicial y garantías al debido proceso.
Una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, compuesta por su Oficina de Asuntos Internacionales y la Delegada de Víctimas de la Regional Putumayo, con el acompañamiento de la Cancillería de Colombia, visitó el Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos (Ecuador), con el fin de verificar la situación de derechos humanos para los 159 colombianos que permanecen allí recluidos.
En su recorrido, que incluyó la entrega de kits de aseo para cada uno de los connacionales privados de la libertad, entrevistas a líderes del lugar y visitas a algunas de las instalaciones de dicho centro, los funcionarios pudieron establecer que si bien no existen denuncias en cuanto a maltratos o violaciones a los derechos humanos, sí hay quejas relacionadas con obstáculos al debido proceso de los reclusos colombianos.
Falta de información sobre sus derechos y deberes, cómo acceder a la repatriación por razones de humanidad o cómo exonerarse del pago de caución económica, así como unareducida capacidad para la representación legal (sólo hay 9 defensores del sector público en toda la provincia de Sucumbíos), fueron algunas de las quejas más recurrentes de los internos colombianos, la mayoría de los cuales permanecen detenidos por delitos de narcotráfico y porte ilegal de armas.
Al término de la visita de inspección humanitaria, encabezada por la Defensoría del Pueblo, la Cancillería anunció la realización de visitas periódicas para orientar jurídicamente a la población colombiana privada de la libertad, mientras que elMinisterio de Justicia ecuatoriano se comprometió a revisar algunos casos puntuales denunciados por los mismos detenidos, así como a desarrollar campañas especiales de atención y asesoría jurídica para la protección y garantía de sus derechos fundamentales.