PARA QUEresponda el cuestionario adjunto referente a la situación del señor Juan Pablo Iragorri, condenado a cadena perpetua en Catar por cargos de narcotráfico, fue citada a debate de control político este miércoles en la Comisión Segunda de Cámara, la canciller María Ángela Holguín.

Iragorri Medina y por lo menos unos 144 más connacionales están bajo estas mismas circunstancias en otras partes del mundo, por lo que la célula legislativa decidió por medio de la Proposición No. 32, aprobada en sesión del 18 de marzo, llevar a cabo este debate, al cual también fue invitado el ministro de Justicia, Yesid Reyes.

De acuerdo con la proposición aditiva de la representante Ana Paola Agudelo, “resulta lamentable que el número de colombianos presos en el exterior ascienda a más de 14.000 aproximadamente, de acuerdo con las cifras más recientes de la Cancillería colombiana. Más preocupante aún, es la situación de aquellos que hoy en día afrontan la pena de muerte o la cadena perpetua, pues han sido privados de la libertad en países que contemplan dentro de su ordenamiento jurídico, este tipo de condenas”.

La legisladora indicó además que “caso emblemático es el de la República Popular de China, donde se encuentran más de 100 colombianos, de estos, 23 ya están condenados y 12 de ellos tienen sentencia de muerte, aunque algunos con suspensión de pena”.

Agrega que “sumado a lo anterior y como es  de conocimiento de las autoridades nacionales colombianas, estos connacionales viven en condiciones humanitarias deplorables, pues además de las barreras culturales y de idioma, se tiene conocimiento de las pésimas condiciones de reclusión en las que se encuentran y de los problemas de salud permanentes que les aquejan, incluso algunos con enfermedad en etapa terminal”.

“A pesar de que es innegable la comisión de un delito y que se debe responder ante la ley del Estado ante el cual se cometió el ilícito, es deber también del Estado colombiano, garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y procurar la defensa de los mismos en toda circunstancia. Es allí cuando cobra la mayor importancia el trabajo coordinado y articulado por parte de las entidades de gobierno como el Ministerio de Justicia y Cancillería, y el garantizar que de su parte sean adelantadas todas las medidas posibles para lograr un frente común sólido, que permita negociar con éxito frente a otros estados, un convenio de repatriación de sus nacionales”, agrega.

Algunas de las pregunta que elevará la representante al Ministro de Justicia son: ¿Qué política ha considerado el Ministerio de Justicia aplicar para lograr la repatriación de presos colombianos, que así lo requieren? ¿Cuántas solicitudes de repatriación ha recibido el Ministerio de Justicia a la fecha?

Por su parte, para la Canciller Holguín le interrogará sobre: ¿Cuántos convenios de repatriación ha suscrito Colombia? ¿Qué dificultades se han encontrado a la hora de firmar estos acuerdos de repatriación?

El representante Luis Fernando Urrego propuso también que la Comisión Segunda delegue en una subcomisión el seguimiento de los colombianos que han sido detenidos en el exterior. Además plantea que se amplíe la cobertura de la revisión de los casos de connacionales detenidos en los países vecinos del Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá.

Caso Iragorri

Como ya conoce la opinión el paracaidista Juan Pablo Iragorri fue detenido por primera vez el 30 de junio de 2011 en medio de un operativo sin aparente orden de captura, con policía vestidos de civil no identificados y sin que le fueran informados sus derechos como capturados.

La Defensoría del Pueblo, quien le envió una misiva a la Cancillería para que trabaje de forma constante con el fin de que se respeten los derechos del colombiano y se logre su repatriación.

En la cara, el ente explica que Iragorri Medina fue mantenido en condiciones infrahumanas, sin abogado y privado de toda comunicación con sus familiares. Indica que pese a haber logrado la libertad provisional bajo fianza en octubre de ese mismo año, él fue arrestado nuevamente y según, versiones de sus familiares, habría sido sometida otra vez a torturas y a irregularidades en el proceso judicial incluyendo la supuesta firma obligada de un documento en árabe, en el cual se declaraba responsable de los cargos en su contra.

La Cancillería ha dicho reiterado en varias ocasiones que funcionarios del consulado en Abu Dabi, han hecho visitas de manera periódica a los detenidos, puesto que en Catar a parte de Iragorri, hay cuatro colombianos más condenados. Según el despacho “las condiciones generales de detención y salud, así como la atención a las necesidades manifestadas por ellos”.

De igual forma, el comunicado de la Cancillería dice que dicha asistencia consular “no se puede imponer de manera obligatoria” y que “debe ser solicitada o aceptada expresamente”.