El contrato para la compra de 26.625 módulos LED que convertirían los semáforos de la capital del país en aparatos modernos hace más de cuatro años está en la mira de los organismos de control y el Concejo de Bogotá.

En efecto, la concejala Sandra Jaramillo, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), denunció penalmente en la Fiscalía al secretario Distrital de Movilidad, Rafael Rodríguez, por las presuntas irregularidades en que habría podido incurrir al revivir el contrato por 6.000 millones de pesos.

El objetivo de la concejala Jaramillo es que el funcionario responda por la comisión del delito de suscripción de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, conducta que da entre cuatro y doce años de prisión, y por el de prevaricato por acción, cuya pena está entre los tres y los ocho años.

Según Jaramillo, un año y medio después de haber sido liquidado el contrato sin que existiera certificado de disponibilidad presupuestal, fundamento para contraer obligaciones, Rodríguez y Luis Mario Varón, representante de la Unión Temporal Leds Bogotá, firmaron un contrato de transacción.

Para Jaramillo, el secretario Rodríguez actuó en contra de los estudios, análisis y desconocimiento del Comité de conciliación y defensa judicial del Distrito Capital y agregó que “el funcionario incurrió en conductas delictivas” poniendo “en peligro las finanzas del Distrito Capital”.

Entre tanto, la Contraloría de Bogotá, por el polémico contrato de adquisición de los bombillos LED para los semáforos, le dio a la Secretaría de Movilidad tres días para que diga qué pasó con la multa que habían impuesto a la empresa encargada de los bombillos.

“La Administración distrital había impuesto la multa por incumplimiento a la empresa encargada de los LED, por 1.199 millones de pesos. Lo que nos preguntamos es ¿por qué el Distrito no ha cobrado ese dinero de la multa? El Distrito tiene tres días para responderle esa pregunta a la Contraloría”, indicó el contralor Diego Ardila.