A investigar las denuncias sobre corrupción en la adjudicación de viviendas para las víctimas del conflicto armado y a acelerar los procesos contra autoridades locales que incumplan el mandato de atención a esta población se comprometió el procurador Fernando Carrillo.

“La paz se construye en los territorios y las víctimas deben ser la prioridad de las políticas públicas”, agregó.

En su intervención en la audiencia “Víctimas del conflicto armado”, el jefe del Ministerio Público rechazó “la incapacidad del Estado para dar una respuesta oportuna a quienes la guerra convirtió en desplazados en su propia tierra” e insistió que la Procuraduría no será inferior al reto de proteger a los defensores de derechos humanos y a las víctimas.

Carrillo manifestó que entiende la situación de cada uno de los municipios del país frente a las dificultades que se presentan para la atención de la población víctima, pero advirtió que “esto no implica que se aplauda la inactividad de autoridades locales frente a sus obligaciones legales”.

Al referirse al fin del conflicto armado con las Farc, Carrillo dijo que deberán ganarse a voto limpio un lugar en el escenario político y señaló que “las ideas, no las balas deberán marcar su destino”.

“El proceso de paz con las Farc es un gran avance, pero falta mucho más. Las negociaciones con el Eln y el desmonte de las estructuras paramilitares y de narcotraficantes son un imperativo, si queremos, de verdad, consolidar una Colombia conectada con los nuevos tiempos y marcada por la reconciliación”.

El jefe del Ministerio Público pidió al Estado concentrarse en apagar otros focos de violencia que están disputando los territorios abandonados por las Farc.  Agregó que es su obligación pagar la deuda contraída con las víctimas durante décadas “con recursos y no con excusas”.

“Una deuda que no termina con un auxilio de emergencia, una indemnización en dinero o una palmadita en la espalda. Una deuda que se paga con más democracia, justicia social, equidad, pero sobre todo, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, expresó.

El jefe del Ministerio Público lamentó la división que existe entre quienes apoyan la paz y quienes cuestionan los acuerdos logrados y recordó que la Procuraduría será veedora del cumplimiento de los acuerdos en defensa de la Constitución y de las garantías de todos los colombianos.

Dificultades de la Ley 1448

El jefe del Órgano de Control afirmó que la gran tarea pendiente para la reparación integral a las víctimas es la implementación efectiva de la Ley 1448, ya que se han evidenciado dificultades que tienen que ver con la articulación nación – territorio, problemas en el proceso de restitución de tierras, demoras en el reconocimiento de las indemnizaciones, dificultades en la atención humanitarias, entre otros.

Así mismo, mostró su preocupación por la seguridad de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, muchos de los cuales hacen parte de los proceso de restitución de tierras e hizo un llamado a frenar el reclutamiento forzado de niños y niñas por los grupos armados ilegales como los paramilitares y disidentes de las Farc. Reclamó: “Hay que parar ya la máquina de la guerra”.

Para Carrillo, “es imposible aceptar que cuando se firme la paz se dispare el número de asesinato de quienes luchan por un país libre de violencia. Rechazamos los ataques criminales contra los defensores de derechos humanos, los líderes sociales, los defensores del medio ambiente y los denunciantes de la minería criminal”.

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