“La mejor garantía de no repetición son las decisiones judiciales”, dijo el ministro del Interior (e), Guillermo Rivera, al finalizar la reunión de seguimiento a las amenazas a defensores de Derechos Humanos y líderes sociales.

En la reunión decidieron intervenir institucionalmente el municipio de El Bagre, Antioquia, para revisar los 17 asesinatos que han ocurrido durante este año. El próximo 13 de julio sesionará en este municipio un comité de Derechos Humanos liderado por el ministerio del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para judicializar a los responsables y reforzar las medidas de protección.

Así mismo, el ministro (e) Rivera indicó que de los 113 nombres de activistas asesinados enviados por la Marcha Patriótica al Gobierno para que se revisaran las razones de los homicidios, 106 tienen noticia criminal por parte de la Fiscalía. Hipótesis de la Fiscalía  descartarían que los hechos tengan relación con su militancia en movimientos sociales, pero las investigaciones continuarán.