El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva presta declaración en Curitiba (sur) ante el juez anticorrupción Sergio Moro, a cargo del caso Petrobras, en un juicio que puede abortar sus pretensiones de volver al poder en 2018.

El exmandatario de izquierda (2003-2010), de 71 años, ingresó poco antes de las 14H00 locales (17H00 GMT) al recinto rodeado por un importante despliegue de seguridad, entre vítores de cientos de partidarios. 

La audiencia se lleva a cabo a puertas cerradas y su filmación de debería liberarse unas horas después de finalizada.

Moro busca determinar si Lula es propietario de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en Sao Paulo, que habría recibido de la constructora OAS a cambio de "ventajas indebidas".

El exsindicalista y cofundador del Partido de los Trabajadores (PT), vestido de traje oscuro y corbata con los colores de Brasil, saludó a sus partidarios, que coreaban: "¡Lula guerrero del pueblo brasilero!".

Los manifestantes no pudieron aproximarse a la corte, custodiada por centenares de policías. 

El ingreso estaba incluso vedado para los residentes de esta zona de Curitiba, denominada ya la "capital de la Operación Lava Jato", por el nombre de la investigación que desveló una red de sobornos pagados por constructoras a políticos y partidos para obtener licitaciones en la estatal Petrobras.

La sentencia debería conocerse en un plazo de 45 a 60 días, aunque algunos analistas apuntan que podría ser en apenas un mes.

El expediente, conocido como el "apartamento de Guarujá", es una de las cinco acusaciones que hasta el momento pesan contra Lula por corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

De acuerdo con las leyes brasileñas, Lula no podría postularse a las elecciones de octubre de 2018 si una eventual condena es ratificada en segunda instancia. Este proceso suele demorar un año.

El exmandatario niega todos los cargos y afirma que se trata de una persecución para impedirle volver al poder. Los sondeos dan a Lula ampliamente ganador, aunque también muestran que es uno de los políticos con mayores índices de rechazo.

- Polarización -

Moro, de 44 años, considerado un ícono de la lucha contra la corrupción, había instado a sus admiradores a permanecer en sus casas para evitar enfrentamientos.

Pero no todos siguieron sus consejos y algunos grupos se manifestaban con un muñeco gigante que figuraba a Lula vestido de presidiario, al grito de "Lula, ladrón, tu lugar es la prisión".

"Hoy es un día importantísimo, porque una personalidad de la importancia de un expresidente está aquí como acusado y no como invitado", afirmó Marli Resende, una profesora jubilada, de 59 años.

El presidente conservador Michel Temer, acusado de "golpista" por el PT, llamó el miércoles a superar la polarización del país, en recesión desde hace dos años y con un índice récord de desempleo 13,7%, o 14,2 millones de desocupados).

Los brasileños tienen que "eliminar cierta rabia", dijo Temer en Brasilia. "Necesitamos pacificar el país. Necesitamos tener más tranquilidad. No podemos permanecer en nuestra posición de permanente enfrentamiento entre brasileños", declaró, sin referirse expresamente al proceso de su predecesor, que durante años fue también su aliado

- En la corte y en las redes -

La batalla entre sus partidarios y adversarios arreciaba en las redes sociales, a través de las etiquetas "#LulaEuConfio" (Confío en Lula) y "#MoroOrgulhoBrasileiro" (Moro, orgullo de Brasil).

En el primero de ellos se expresó Dilma Rousseff, su heredera política, destituida en 2016 bajo la acusación de manipular las cuentas públicas, que viajó a Curitiba para arropar a su mentor.

"Ya estoy en Curitiba para expresar mi solidaridad total al presidente Lula (...). La verdad se impondrá", tuiteó la expresidenta.

"Para mí, (Lula) es inocente. Si hubiese algo concreto en su contra, ya estaría preso. Lo que aquí se plantea es una lucha de clases", dijo a la AFP Gerson Castellano, un militante sindical del sector petrolero de 50 años.

La fiscalía acusa a Lula de haber recibido 3,7 millones de reales (1,16 millones de dólares al cambio actual) de OAS, incluyendo el apartamento de Guarujá y el costeo del almacenamiento de sus bienes personales y de su acervo presidencial entre 2011 y 2016.

Uno de los abogados de Lula, Cristiano Zanin Martins, sostiene que aún no han probado una sola de las acusaciones, aunque la fiscalía general lo señale como el "comandante máximo" de la red de sobornos en Petrobras.