Chavista, pero crítico de Maduro, este sector es llamado así por sus diferencias con el Gobierno y la oposición, pese a que no se ha calificado de esta manera. Lo integran varios ex ministros, académicos y, sobre todo, la fiscal Ortega, para superar la polarización.
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De su voz, pausada pero convincente, han salido las principales declaraciones contra Nicolás Maduro. A diferencia de muchos de sus colegas, no es una funcionaria condescendiente, que no critica las acciones de los funcionarios que la rodean. La valiente fiscal venezolana, Luisa Ortega, hoy lidera la disidencia chavista, conocida también como “despolarizados”, denunciando las acciones del Gobierno e intentando abrirse un espacio entre el madurismo y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
En un nuevo anuncio frente a las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscal volvió a enfrentarse al Ejecutivo, solicitando un antejuicio de mérito contra 8 magistrados del máximo órgano de justicia, “por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal”.
Insistente, Ortega, quien en la noche del lunes se reunió con un grupo de disidentes chavistas, volvió a decir que la Asamblea Constituyente, validada por la sentencias 155 y 156 del TSJ, es un exabrupto que “produce una ruptura del orden constitucional”.
“En esas sentencias se le estaban dando poderes especiales al Presidente de la República incluyendo […] materia penal, cuando la materia penal debe ser interpretada de manera restrictiva, porque el Estado y los ciudadanos necesitan seguridad jurídica”, dijo la funcionaria, frente a las instalaciones del TSJ.
El argumento de la Fiscal no es nuevo, pero representa un endurecimiento de su posición en contra del Gobierno, al que ha criticado por el uso desmedido de la fuerza para reprimir las manifestaciones y romper el “hilo constitucional” declarando una Constituyente sin consultar previamente al pueblo, situación avalada por el magisterio.
“Corre peligro la nación, el estado de derecho, la paz y la ciudadanía. Esta sería la muerte del derecho si permitimos que los magistrados se mantengan en la Sala”, dijo Ortega, quien culpa al Tribunal de generar un estado de caos democrático al concederle a Maduro poderes extraordinarios, tras aprobar por sexta vez la extensión del estado de Emergencia, y dejar en firme la Constituyente.
Ni de un lado, ni del otro
Venezuela cumple 85 días de movilizaciones continuas contra el gobierno de Maduro, que han dejado 86 muertos y 309 presos políticos, muchos juzgados en tribunales castrenses. En la medida en que las manifestaciones han aumentado, tomándose las principales ciudades del país, algunos sectores asociados al chavismo han demostrado su desacuerdo con el Gobierno, al que califican de estar alejado de los principios básicos del proyecto de Chávez.
Con el paso de los días, estos sectores han ido alzando la voz de manera reiterada contra Maduro. Ahora no sólo se limitan a cuestionar ciertas acciones del Ejecutivo, sino que, como conjunto, se han empezado a reunir para determinar una hoja que permita superar la crisis que enfrenta Venezuela.
La valiente fiscal venezolana, Luisa Ortega, hoy lidera la disidencia chavista, conocida también como “despolarizados”, denunciando las acciones del Gobierno e intentando abrirse un espacio entre el madurismo y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
Los llaman “los despolarizados”, aunque tienen una clara tendencia a favor del chavismo, lo que no significa que critiquen sin miramientos las arbitrariedades del Ejecutivo. Según el politólogo Nicmer Evans, líder del movimiento “Marea Socialista”, “son el nicho para el nacimiento de un nuevo referente político que supere la ideologización (falsa conciencia) de los problemas que hoy nos agotan”, en un texto publicado en el portal Aporrea.
Los despolarizados creen que existen numerosos sectores en Venezuela diferentes a la MUD y la cúpula madurista, que en fracasados intentos se han sentado a negociar una agenda que finalmente no ha terminado en nada, llevando al país a un estado de confrontación regularizado, sin señalas de acabarse.
De momento, se sabe que este sector se reunió con la Fiscal el lunes, para expresarle su apoyo por el recurso de nulidad que interpuso contra las “bases comiciales” de la Constituyente, que fue rechazado por los magistrados, lo que generó la reacción inmediata de la funcionaria que nuevamente se dirigió a las instalaciones del Tribunal ayer para denunciar a los integrantes de esta corte.
Este selecto grupo lo conforman varios ex ministros de Chávez, como Ana Elisa Osorio (Medio Ambiente), Gustavo Márquez (Comercio) y Héctor Navarro (Energía Eléctrica), así como académicos, tipo Evans, y otros sectores sociales, que han respaldado las acciones de la fiscal Ortega.
Al igual que ellos, muchos ex funcionarios de Chávez han criticado la Constituyente que el Gobierno intenta celebrar, pese al reclamo popular que exige una consulta previa. El exministro Justicia, Interior y Paz, de Maduro, Miguel Rodríguez, también ha llamado a las autoridades para “que se convoque un referendo consultivo”, lo mismo que la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien le ha sugerido al Presidente “una Asamblea desde una visión pragmática para conservar el poder”.
Cada vez son más los disidentes chavistas que le exigen a Maduro echar para atrás la Constituyente, rechazada por el 85% de los venezolanos. Poco a poco se ha ido conociendo que el chavismo, inquebrantable en un principio, está dividido en fracciones, de las cuales muchas critican al Ejecutivo.
La fiscal Ortega es la cabeza de esta disidencia, que antes parecía un rumor, pero ahora es una realidad clara y con capacidad de decisión. Algunos de los “despolarizados” proponen un diálogo que convoque, aparte de la MUD y la cúpula madurista, el resto de sectores sociales del país.
Por el momento, es difícil que se dé ese diálogo, dada las inflexibles posiciones de las partes. Sin embargo, ante un eventual escenario de concertación, los “despolarizados”, bajo la batuta de la fiscal Ortega, pueden convertirse en los mediadores de una posible transición democrática del poder.
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