Ya se sabe lo que piensa el presidente Santos en torno de las drogas ilícitas: hay que legalizarlas. Puede que no todas, pero al menos algunas de ellas. No es, sin embargo, una estrategia, sólo su pensamiento. Lo dijo en su visita a Londres sin que en realidad la declaración hubiera levantado la polvareda que se presumía. Mucho menos, claro, en medio de la aceptación de David Cameron de que la crisis económica estaba lejos de superarse y de admitir que algunas de las recetas no habían funcionado. Lo cierto es que los pocos articulistas ingleses que repararon en el periplo presidencial se concentraron particularmente en los derechos humanos en vez de la legalización. Advirtieron que Gran Bretaña no debería hacer grandes inversiones en Colombia hasta que el país no mejorara su exposición al respecto y trajeron a cuento datos más o menos inflados, que en todo caso dejaron entrever que aún falta mucho por hacer en la materia.

Inglaterra, como se sabe, es bastante sensible al tema de los derechos humanos. En especial, luego de que se supiera que en Colombia las centrales de Inteligencia y los aparatos correspondientes donados del exterior sirvieron, antes que para perseguir a los criminales, para espiar a magistrados, periodistas y opositores. Un caso, desde luego, que se sale de toda consideración de lo que allí consideran the rule of law. Aquí las investigaciones corren lentas, al mismo ritmo de muchas otras que parecieran padecer el último sueño de los mortales. Allá, en tanto, el asunto sigue siendo prioritario al mismo nivel de los “falsos positivos”.

La declaración del presidente Santos en torno de la legalización merecerá, sin embargo, alguna reseña. Muy seguramente de la revista The Economist, vieja promotora de ella, tal vez la primera voz en hacerlo al lado de Milton Friedman. Ya se sabe que la tesis consiste en que consumir droga es un asunto meramente personal  y que el Estado no debe intervenir en él, salvo para hacer unas reglamentaciones como en cualquier otro producto. La conclusión es invariablemente que la prohibición es la causante de la violencia y la liquidez exorbitante del narcotráfico. Al contrario, si se regula el mercado, pagan impuestos y se ponen controles estatales y de salud, todo estará arreglado.

Obviamente si se quita el problema, pues éste deja de existir. Curioso, sin embargo, que se produzca la declaración legalizadora justo cuando el país parece ser un ejemplo de que se puede tener éxito. Puede que sea un éxito relativo, pero al fin y al cabo es de los pocos países que pueden mostrar avances. Lo que interesa en todo esto es el compromiso. No son buenos los términos medios que confunden. Si el Presidente cree, sinceramente, en la legalización pues debería asumirlo como tal. Y entonces Colombia debería presentarse, en consonancia con el pensamiento presidencial, como un país legalizador o por lo menos despenalizador. Si lo contrario, no vale la pena distraer la estrategia con globos que pueden mal sonar a quienes están poniendo el pecho en la lucha.