Por medio de una carta enviada al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora manifestó que estos grupos deben ser catalogados ilegales.

"Responder, habida cuenta que estos grupos armados ilegales, mal llamados Bacrim, cuentan con una organización armada, con mandos jerárquicos, con capacidad para reclutar y entrenar a los miembros del grupo armado ilegal, con la habilidad para coordinar operaciones de tipo militar y ejercer control sobre un territorio (...) Por qué se les considera simplemente bandas criminales o redes delincuenciales al servicio del narcotráfico y se delega en la Policía la responsabilidad de enfrentarlas", precisó el documento.

Otálora criticó, de cierta forma, el actuar de las Fuerzas Militares frente a estos grupos criminales. “La respuesta de las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, en muchas ocasiones se ha limitado a enumerar una serie de medidas formales sin mayor impacto en materia de prevención y protección de los derechos humanos de las poblaciones y ciudadanos afectados. En algunos casos, las autoridades centrales y locales alegando aspectos políticos y administrativos han desestimado los escenarios de riesgo advertidos por el SAT. Esta conducta también se ha observado al interior de las fuerzas militares”, agregó el comunicado.

Finalmente, manifestó que el término Bacrim “es un concepto desarrollado para explicar el fenómeno de los reductos de violencia no guerrillera en las diferentes regiones del país, sin embargo desconoce la naturaleza de tales organizaciones, su estructura y modus operandi”.