“La lucha contra las drogas no se gana a punta de penas, sino con presencia del Estado y reconstruyendo el tejido social”, indicó el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil, durante la instalación de la ‘Primera Consulta Regional: Desarrollo de Lineamientos Internacionales sobre Derechos Humanos y Control de Drogas’.

El certamen se desarrolla entre martes y miércoles en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y es convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro Internacional en Derechos Humanos y Política de Drogas de la Universidad de Essex (Inglaterra).

El ministro Gil manifestó que es hora de transformar la visión que se tiene de los pequeños cultivadores de coca, las mujeres traficantes y los consumidores de drogas como  transgresores de la ley, y de entender que son las organizaciones criminales las que se ven beneficiadas por la explotación de la que son objeto estas comunidades, las cuales, a fin de cuentas, son los eslabones más débiles de la cadena.

El alto funcionario puntualizó que si bien en Colombia no es posible desligar la política de drogas del conflicto armado -teniendo en cuenta que los cultivos ilícitos y su exportación han sido financiadores y catalizadores de la guerra-, es más importante considerar que en la lucha contra las sustancias ilícitas es fundamental la participación de las comunidades afectadas, así como la formulación de propósitos novedosos, encaminados hacia la protección y el desarrollo humano de estos grupos sociales. 

Gil agregó que para empezar a ofrecer información a las comunidades y facilitar el acceso a los servicios sociales y de salud a quienes los requieran, hay que evaluar factores como la criminalidad, que se beneficia de la explotación de estas personas, y la drogadicción, vista como un fenómeno de salud pública y de derechos humanos. 

“Hay que reconocer los derechos de los usuarios de sustancias sicoactivas y adoptar medidas para reducir riesgos y daños asociados, dejando atrás la estigmatización y exclusión que genera el enfoque punitivo” argumentó.

El ministro destacó la labor que su cartera viene adelantando en la lucha contra las drogas con programas como ‘Familias Fuertes: Amor y Límites’, y añadió que el Ministerio apoya la implementación de planes de sustitución de cultivos ilícitos en el marco de los Acuerdos de Paz. Al tiempo, fue enfático al asegurar que “el Gobierno ha avanzado en la reducción de los mercados urbanos de drogas mediante la reducción de la oferta en el ámbito urbano”.

Por su parte, el expresidente César Gaviria aseguró que los campesinos que siembran coca son más pobres que los otros, por lo que considerarlos delincuentes va en contra del sentido común. Además, explicó que los costos de la aspersión aérea son bastante elevados, teniendo en cuenta que la erradicación de cada hectárea con esta modalidad asciende a los 20 mil dólares. “Esto es derretir la plata, ya que esta ha sido una modalidad bastante ineficaz”, anotó.

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