La Procuraduría General de la Nación recibió un informe de avance elaborado por el Instituto Nacional de Salud, según el cual uno de los lotes de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) que se aplicó el año anterior a las niñas y adolescentes del municipio del Carmen de Bolívar no estaba relacionado en la “hoja de entrega del biológico” diligenciada en su momento para la remisión de las vacunas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social con destino a la Secretaría de Salud de Bolívar.

La Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social le solicitó a la Secretaría de Salud de Bolívar, el pasado 15 de abril, enviar el listado de lotes del biológico Gardasil entregados por el Ministerio al departamento, así como el listado de lo entregado por el departamento al municipio del Carmen de Bolívar. Adicionalmente solicitó aclarar la procedencia del lote que, según el Instituto Nacional de Salud, no estaba relacionado en las entregas de la Nación a Bolívar.

Asimismo, el Ministerio Público le requirió a ese despacho información sobre el proceso de planeación de las jornadas de vacunación contra el VPH en el Carmen de Bolívar, sus resultados en términos de cobertura, las evidencias de instructivos y capacitación a los responsables de la vacunación, y en general los protocolos observados para el desarrollo de las jornadas.

La Procuraduría General de la Nación ha realizado un permanente seguimiento a las acciones de las entidades competentes para la atención integral y oportuna a las menores de edad que recibieron la vacuna contra el VPH y han denunciado, especialmente en el municipio del Carmen de Bolívar, posibles efectos adversos atribuibles a la misma.

En ejercicio de su función preventiva, este organismo de control ha solicitado reiteradamente intensificar el control epidemiológico de los casos reportados, revisar y difundir efectivamente el plan para prevenir y manejar integralmente las situaciones de crisis, y adoptar las medidas necesarias para la vigilancia de la gestión y administración del biológico en el territorio nacional, al tiempo que ha insistido en la prioridad que debe darse a la garantía del derecho a la salud, al control de las enfermedades prevenibles y al bienestar de toda la población.