Pende de un hilo el piso jurídico de la negociación que el Gobierno adelanta con las Farc para poner punto final al conflicto, el cual depende del sentido del fallo que hoy emitirá la Corte Constitucional sobre una demanda que se presentó al Marco Legal para la Paz, el cual establece instrumentos jurídicos de justicia transicional que permiten la reincorporación a la vida civil de los alzados en armas.

En ese sentido a pocas horas de la trascendental decisión se configuran tres claros escenarios que se darían dependiendo del sentido del fallo.

Escenario 1: se cae el Marco

Un mazazo recibirían las conversaciones de paz con las Farc que desde noviembre pasado adelanta el Gobierno nacional en la capital cubana, La Habana, si la Corte declara inexequible la totalidad o la columna vertebral del Marco Legal para la Paz (Acto Legislativo 01 de 2012). Además dejaría en veremos la posibilidad de iniciar un proceso similar con el Eln, el cual abrió una puerta tras la decisión de esta organización armada de liberar ayer al ciudadano canadiense Jernoc Wobert, porque sería necesario tramitar una nueva norma en el Congreso, aunque seguramente menos benévola con la guerrilla porque tendría que ser más exigente en materia de justicia, verdad y reparación.

Sin embargo, el eventual hundimiento del Marco Legal para la Paz no significaría la muerte de las conversaciones para cesar el conflicto, es más, sería un motivo de celebración para la guerrilla de las Farc que desde un primer momento han rechazado esta norma porque aunque la misma es benévola en materia de beneficios penales, ellos no están dispuestos a pagar un día de cárcel.

En este escenario es claro que el referendo que el presidente Santos dijo refrendará los acuerdos a que se llegue en La Habana, podría ser el plan ‘B’ del Gobierno en caso de que se hunda el Marco Legal para la Paz, pues en las urnas se podría habilitar varias de las disposiciones que hoy éste contempla como la selección de casos para investigar y juzgar, que solo afectaría a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos; así como lo que tiene que ver con la participación política de los excombatientes.

En este escenario el mayor impacto que podría tener la eventual caída del Marco Legal para la Paz sería anímico, pues podría terminar desestimulando la participación ciudadana en el referendo que se realizaría el 9 de marzo próximo, claro está, si el Congreso aprueba un proyecto de ley estatutaria que presentó el Gobierno la semana anterior.

En cualquier caso, este y otros procesos de paz que se han adelantado en el país han demostrado que la aceptación o rechazo de la opinión pública es voluble de acuerdo a la coyuntura. Por lo que en manos del Gobierno y los resultados que muestre La Habana estarían las razones que motivarían a la población para participar en este referendo y poder lograr el umbral de más de 8,5 millones de votos por pregunta.

Escenario 2: se salva el Marco

El presidente Santos sería el mayor ganador con un eventual fallo de exequibilidad del Marco Legal para la Paz, pues además de que tendría la base jurídica para adelantar una negociación con los grupos guerrilleros, ganaría el pulso a varios sectores nacionales que han atacado el proceso de paz y que consideran que esta norma es una puerta abierta a la impunidad. Como en este último caso el procurador General Alejandro Ordóñez, quien pidió a la Corte declarar inexequible el Acto Legislativo 01 de 2012 en el respectivo concepto que debe rendir en las demandas de constitucionalidad.

Igualmente ganaría el pulso al expresidente Álvaro Uribe y sus numerosos seguidores, quien ha sido un ácido crítico del proceso de paz y del Marco Legal. Del primero por dialogar con un grupo que persiste en la violencia, y frente a lo segundo por considerar que conduce a la impunidad.  

Incluso en el plano internacional, con la aprobación del Marco legal para la Paz en la Corte Constitucional el Gobierno actuaría sobreseguro en las eventuales negociaciones de paz con las Farc, pues a pesar de los reparos que han hecho organismos internacionales como Human Rights Watch y la propia Corte Penal Internacional frente a la posibilidad de que los cabecillas guerrilleros no vayan a la cárcel, la administración Santos podría argumentar que estos mecanismos de justicia transicional fueron aprobados por los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo e incluso Judicial, teniendo en cuenta que en este último el fiscal General, Eduardo Montealegre, ha defendido el Marco para la Paz y  ha asegurado que no habrá impunidad. 

Al respecto son ilustrativas las palabras del presidente Santos el lunes pasado, cuando dijo que “la Corte Constitucional está a punto de dar su veredicto frente al Marco Jurídico para la Paz y ahí recibimos unas cartas de una fiscal de la Corte Penal Internacional con unos conceptos que respetamos. Pero ahí surgen unas discusiones interesantes, allí deben participar los abogados y toda la sociedad nacional e internacional. ¿Dónde se debe trazar una línea de un país que quiere buscar la paz y hasta dónde permitir que instancias internacionales le dicten su voluntad de cómo hacer esa paz?, ¿dónde está el límite?”.

Escenario 3: parcialmente exequible

Son muchos los que piensan que la Corte Constitucional irá por la mitad en este fallo, es decir,  no tumbará el Marco Legal pero tampoco considerará exequibles todos sus artículos. Tanto el demandante como el Procurador General consideran que esta norma sustituye la Constitución y por eso piden a la Corte declararla inexequible.

Tal vez el punto más crítico del Marco Legal para la Paz tiene que ver con el tratamiento penal para los desmovilizados de las Farc, frente a lo cual el Jefe del Ministerio Público pidió al alto Tribunal declarar  inexequibles las expresiones “máximos”, cometidas “de manera sistemática” y “todos”, criterios de selección establecidos en el artículo 1.

Con dicho Acto Legislativo lo que pretenden es que en un futuro una ley estatutaria pueda autorizar que se renuncie a investigar y adelantar la persecución judicial penal de “todos” los casos en donde se entienda que los “crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra” no fueron cometidos por sus “máximos” responsables o no fueron cometidos “de manera sistemática”, señala la Procuraduría.

El jefe del Ministerio Público fundamentó dicha solicitud explicando que los criterios de selección demandados suponen una sustitución de la Constitución en tanto que, principalmente, vulneran el bloque de constitucionalidad, dado que violan compromisos internacionales adquiridos por Colombia respecto de la investigación y sanción de los señalados delitos, es decir, los delitos que son considerados como crímenes internacionales.

Sin embargo, el eventual hundimiento de los beneficios en materia del ejercicio de la acción penal que contempla el Marco Legal para la Paz, como la priorización de los casos y juzgar los casos de lesa humanidad, la selección de los mismos e incluso la eventual renuncia a la persecución penal, no significaría que el Gobierno se quedaría sin qué “ofrecerle” a la guerrilla en esta materia porque seguramente estos puntos serían incluidos en el referendo para ratificar los acuerdos, que el Gobierno se propone sacar adelante.