Selección de magistrados, financiación y decidir el futuro del Consejo Superior de la Judicatura, son los tres elementos clave de una reforma a la justicia, consideraron juristas consultados por EL NUEVO SIGLO.

Lograr la aprobación de una reforma a la justicia, tras el intento fallido de 2012, es uno de los retos a los que probablemente se enfrentará el próximo Congreso.

Son múltiples los aspectos que se contemplan reestructurar en esta rama del poder, desde la edad de retiro de los magistrados y su mecanismo de elección, hasta la independencia de la rama o la posible eliminación de instituciones como la Judicatura y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Ya el ministro de Justicia, Alfonso Gómez, que ayer mismo declaró que “la reforma a la justicia no solo se debe hacer desde el papel” y que “la actitud de la sociedad también debe cambiar”, ha comenzado a reunirse con los presidentes de las Cortes para intercambiar ideas al respecto y enfocar el trabajo del equipo que, además de elaborar el proyecto de acto legislativo para reformar la justicia, trabaja en la implementación de medidas de descongestión judicial y acceso a la justicia que se puedan tomar sin cambiar la Constitución y la ley.

Ese equipo está integrado por el exministro Bernardo Gaitán, el constituyente Gustavo Zafra, los ex magistrados Augusto Ibáñez y Jaime Córdoba, el exfiscal Guillermo Mendoza, y las abogadas Carmen Eloísa Ruiz y Diana Niño.

“El equipo trabajará en la elaboración de un anteproyecto de reforma constitucional con miras a hacer su presentación en marzo, si hay ambiente político para eso, o a dejar listo un proyecto integral para el próximo Gobierno, a partir del 20 de julio”, explicó Gómez.

Ex magistrados de cada una de las altas Cortes hablaron con este Diario sobre qué debe incluir la próxima reforma y qué cambios no se deben buscar a través de este mecanismo.

La competencia de las Cortes para participar en la elección de funcionarios como contralor, procurador, fiscal o auditor, ha sido motivo de discusión.

Para Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, a los altos tribunales se les deben quitar esta facultad y aseguró que el Presidente de la República debe asumir la designación del Fiscal General.

Córdoba, expresidente de la Corte Constitucional, enfatizó en que la reforma a la justicia debe centrarse en “preservar la autonomía y la independencia de la rama judicial que debe estar dotada de los recursos para cumplir su misión. Todo lo demás puede resultar accesorio”.

Por su parte,  Hernando Torres, exmagistrado de la Judicatura, consideró que si bien se debe buscar un equilibrio de poderes, este es “un tema de ajuste normativo, pero no de reforma constitucional”.

Selección de magistrados

Otro asunto que le preocupa a la rama es la carrera judicial y su eficacia para garantizar que los cargos sean ocupados por las personas idóneas. “Es clave incluir elementos que toquen con la selección de magistrados de las altas corporaciones, que se revisen los requisitos para llegar a estos cargos”, aseguró Torres.

Ante esto, Jaime Moreno, exconsejero de Estado, propuso que se establezca una edad mínima para acceder a estos cargos y que “exista una verdadera carrera judicial, sin que unos pasen por palanca por encima de otras personas con más méritos”. También opina que la edad de retiro forzoso debe aumentarse a 70 o 75 años.

¿Eliminar o reformar?

La eficacia de instituciones como la Judicatura y la Comisión de Acusación ha sido cuestionada por años. Por eso, se ha hablado de eliminar estos organismos y delegar sus funciones a otros ya existentes.

El exmagistrado Arrubla opinó que se debe acabar con la sala disciplinaria de la Judicatura; mientras que para Córdoba, una reforma a la justicia sería útil para transformarlas: “Más que la eliminación, lo que debe plantearse es una reforma a su estructura, origen y funciones, que permita el cumplimiento de sus funciones de manera más eficaz”.

Financiación

Uno de los requerimientos de la Rama Judicial ha sido el de aumento de presupuesto.

Para el exmagistrado Torres, “es importante tocar el financiamiento de la rama porque está muy a disposición de los órganos del ejecutivo. Si queremos una buena justicia, debemos darle una buena inversión”.

Moreno consideró que esta inyección de capital debería verse reflejada en los salarios de los jueces, especialmente los de menores categorías, “para que no se vendan por cualquier cosa”.

Moreno opinó que hay dos problemas que se deben corregir a través de decretos, sin necesidad de reforma: los altos costos y la papelería al acceder a la justicia: “A pesar del adelanto tecnológico, la gente sigue pensando en papel”. Sin embargo, concluye que “ninguna reforma acabará con la descongestión”.