DESDE LA Andi y la Fundación para el Progreso de Antioquia y de Antioquia por Colombia, Proantioquia, con el acompañamiento de la Eafit, se han construido una serie de documentos técnicos y de recomendaciones sobre los acuerdos, las oportunidades, pero también las incertidumbres que  rodean el proceso de negociación que el Gobierno Nacional comenzó para finalizar el conflicto con las Farc.

 

Señalan los empresarios que fruto de este trabajo, se han enviado cinco comunicaciones al Equipo Negociador de La Habana en los meses de abril, octubre y diciembre de 2015, así como en febrero y marzo de 2016. El propósito de estas comunicaciones ha sido aportar al proceso, enfatizando en temas críticos para lograr un buen acuerdo- sabiendo que no hay acuerdos perfectos-, así como elevar alertas y recomendaciones para su implementación.

 

Indican, que “en complemento, y por invitación del Gobierno Nacional, un grupo destacado de empresarios estuvo en La Habana compartiendo sus preocupaciones basadas en este mismo ejercicio sobre el proceso y, al mismo tiempo, manifestando sus límites, expectativas y aportes a la construcción de una sociedad en paz, así como las necesarias y claras responsabilidades de la guerrilla al respecto.

 

1.- Los pendientes críticos

• El sistema general de información catastral, cuya fi­nanciación y ejecución debe realizarse en el menor tiempo posible, y que permitiría el avance de pendientes como el Fondo de tierras, será necesario agilizarlo y mantenerlo bajo parámetros de transparencia y efi­cacia.

• La conformación y dotación del Fondo de Tierras contemplado como parte de la Reforma Rural Transformadora: ¿cuántas hectáreas? ¿para cuántas familias campesinas? ¿en dónde?

• La política y los planes de lucha contra la corrupción, que están vagamente expresados en los acuerdos pero que son cruciales para la efi­cacia del proceso.

• La aplicación de un Plan Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, acorde con las necesidades del territorio, pertinente con las capacidades del mismo, y que sea una estrategia sostenible para generar oportunidades de ingresos y acceso a mercados a las familias campesinas involucradas en el negocio de la coca.

• La definición sobre el diseño institucional para la implementación de los acuerdos, bajo criterios de unidad administrativa, capacidad ejecutiva, efi­cacia y trasparencia.

 

2-. Armas y dineros ilícitos

 

El país está viviendo un ambiente de ánimos exacerbados producto del proceso de negociación. Es de esperar que como fruto de ese proceso, surjan movimientos políticos que enarbolando los ideales de las Farc participen en la discusión electoral. Por ello, es fundamental que para construir la paz, las Farc sean conscientes de que la sociedad civil no aceptará su participación política basada en el uso o la tenencia de armas.

 

De igual manera, así como sería inaceptable una paz armada, sería igualmente grave que la participación de estos movimientos políticos se hiciera con dineros provenientes de actividades ilícitas. Por tal motivo, se requiere del compromiso explícito y acciones consecuentes de las Farc de renunciar a participar en cualquiera de estas actividades, y además, reforzar y acompañar el trabajo de las autoridades nacionales para atacarlas y continuar la labor de desmantelar las actividades ilícitas en todo el territorio nacional. Es crucial mantener y apoyar una labor permanente de seguimiento, lucha frontal, incautación y desmantelamiento de las bandas criminales y, en general, de las múltiples economías criminales que siguen alimentando el conflicto.

 

Como quiera que el propósito ­final de la fi­nalización del conflicto, es que las Farc se conviertan en un actor político más, las realidades del país implican que de la mano de lo anterior se desarrolle una lucha más efectiva contra la corrupción, así como un control estricto a la fi­nanciación de campañas electorales.

 

3.- La necesidad de la verdad

 

La búsqueda de la paz no debe menoscabar el derecho y las garantías que tienen las víctimas a conocer la verdad, a la aplicación de la justicia, a la reparación de los delitos que se cometieron durante el conflicto, y a la no repetición del mismo.

 

La implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, supondrá un verdadero reto para el entorno institucional del país que, en el campo de la justicia, tiene grandes problemas de confi­abilidad y legitimidad ciudadana. Por tal motivo, para cumplir el sueño de construir una sociedad en paz, deben existir plenas garantías para que el Sistema cumpla fielmente su función. Para ello, requerimos que el Tribunal Especial para la Paz cuente con Magistrados que sean la máxima expresión de independencia, idoneidad, competencia, transparencia y coherencia.

 

Además, que las tareas concernientes a la construcción de la Verdad del conflicto no estén encaminadas a igualar a aquellos que han hecho parte activa del conflicto como las Farc, a actores de la sociedad civil que han sufrido las consecuencias de sus acciones.

 

4. Lucha contra el narcotráfico

 

La lucha contra el narcotráfi­co en toda su cadena debe ser prioridad de las Fuerzas Armadas. En el núcleo del negocio de la coca, se juega gran parte del proceso de implementación de la reforma rural y la seguridad ciudadana. Por diversos factores, el país ha visto crecer hasta el triple el área sembrada de cultivos ilícitos y existen indicios verosímiles de que las empresas criminales de producción y tráfi­co de narcóticos han incrementado sustancialmente sus ganancias en los últimos años. Es un consenso nacional –se dice también en los acuerdos– que el trá­fico de drogas ha alimentado el conflicto armado y a los agentes del crimen organizado. Lo anterior, supone un punto de quiebre en la confi­anza en el proceso, dado que no es aceptable que mientras se está negociando el ­fin y la solución al problema de las drogas, se esté aumentando el área sembrada en territorios donde históricamente han estado las Farc.

 

El Gobierno nacional debe garantizar, de forma preventiva, que los recursos de la droga no lleguen a los grupos armados al margen de la ley, principal factor de inseguridad en el país y amenaza real para la implementación de los acuerdos. Por consiguiente, deben apoyarse los esfuerzos en reprimir las bandas criminales. Incluir a los campesinos en las instituciones del Estado y del desarrollo económico, no será posible en el ambiente que han creado dichas bandas y sus alianzas.

 

5. No a expropiaciones ni a subsidios

 

En aras de transformar la realidad rural de nuestro país, no podemos promover una política de subsidios permanentes. Por el contrario, requerimos que la economía familiar y campesina se acompañen de la agroindustria.

 

El desigual acceso a los activos que permiten desarrollar una actividad productiva sostenible, ha sido uno de los combustibles que ha alimentado el conflicto y ha perpetuado condiciones de exclusión de miles de familias campesinas, propiciando ambientes para actividades de cultivos ilícitos. Como está consagrado en el primer punto de los acuerdos del Gobierno Nacional con las Farc, es fundamental superar estas condiciones de atraso para incluir a estas familias en circuitos productivos a nivel territorial.

 

Sin embargo, esa imperiosa necesidad no puede estar basada ni en políticas expropiativas, ni en subsidios agrícolas permanentes, ni en cultivos o políticas agrarias insostenibles.

 

La economía campesina familiar y comunitaria debe estar acompañada de incentivos para que la agroindustria desarrolle modelos de inclusión productiva sostenible, orientados a mercados y que permitan generar ingresos y oportunidades. Sin estas condiciones, estaremos enfrentando una oportunidad perdida para transformar verdaderamente el ámbito rural de nuestro país. Adicionalmente, y en coherencia con el punto anterior, se requiere que el Plan de Sustitución de Cultivos esté basado no sólo en la necesidad de sustituirlos, sino en el desarrollo de actividades productivas competitivas y con valor agregado.

 

6. La financiación del posconflicto

 

El diseño de la institucionalidad, así como de los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación de la implementación y la ­financiación de los acuerdos de La Habana, son temas tan críticos como la negociación misma.

 

Fruto del proceso y los acuerdos de La Habana, la sociedad y el Estado colombiano enfrentarán un doble reto: por un lado, generar con­fianza a partir de la implementación, de que el conflicto no se repetirá y que lo acordado se llevará a cabo; por otro lado, mantener un escenario macroeconómico estable que permita, dentro de los límites ­fiscales del país, cumplir con lo acordado.

 

Lo anterior implica que el Gobierno Nacional debe generar una institucionalidad pertinente, con capacidad de gestión, articulación y coordinación, con el propósito de implementar los acuerdos. El Ministerio Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, debe ser la entidad que coordine todos los esfuerzos de atención e implementación que llevará a cabo el Gobierno Nacional, la Sociedad Civil y las propias Farc en función de cumplir con los acuerdos.

 

La coordinación, articulación de la política, la estrategia de implementación y las ejecuciones dentro del Estado y de éste con los privados, deben ser funciones de dicha entidad. Por tal motivo, es preocupante que hasta ahora no sea visible el proceso de desarrollo y fortalecimiento en todo nivel de dicho ente.

 

El espacio ­fiscal para fi­nanciar el posconflicto es reducido. La confluencia de la reforma tributaria, con la gradualidad del desmonte de impuestos transitorios, abrirá una pequeña ventana ­fiscal en los próximos dos años, que podría ser aprovechada para atender la implementación de los acuerdos, pero para que ello ocurra el gasto deberá privilegiar acciones que fortalezcan el crecimiento y el desarrollo económico, y no medidas asistencialistas que no resultan sostenibles. Una parte importante del esfuerzo deberá concentrarse en la reasignación del gasto público, de forma tal que la combinación de los efectos positivos del crecimiento económico adicional con una reasignación adecuada del gasto, permitan mantener incólume el principio del manejo prudente de las ­finanzas públicas. Por ello, es menester que como parte de la implementación de los acuerdos se construya un cronograma viable, pertinente, que responda a estas limitaciones y que permita a través de victorias tempranas, generar con­fianza en el proceso. Si se generan expectativas muy altas en la población que no son respondidas de forma adecuada, será muy difícil llevar al territorio lo acordado en La Habana.

 

7. La refrendación

 

La legitimidad ­final del proceso pasa ineludiblemente por un mecanismo de refrendación. Toda la sociedad colombiana debe tener garantías de participación para expresarse libremente sobre el acuerdo ­final.

 

El Gobierno Nacional en cabeza del Señor Presidente recibió un mandato por la paz en su más reciente elección. Sin embargo, este hecho no puede ignorar la necesaria refrendación de los acuerdos de La Habana por parte de la sociedad colombiana. La construcción de una sociedad en paz tiene como primer elemento la libre expresión y participación ciudadana bajo las normas y el juego de la democracia. Por tal razón, independiente del mecanismo, las Farc y el Gobierno deben tener claro que la sociedad colombiana quiere hacer parte del proceso y por tanto el constituyente primario debe ser oído y consultado. Se requiere una participación democrática de aquellos que apoyan el proceso y aquellos que no.

 

La refrendación política (rati­ficación ciudadana) deberá ir acompañada de la incorporación de los acuerdos en el ordenamiento jurídico colombiano (refrendación jurídica) que permita la concreción e implementación de esos acuerdos.

 

La rati­ficación política y jurídica unidas garantizarán la permanencia de los acuerdos en el tiempo. En ese panorama, como sociedad necesitamos que de forma efectiva se dé la estrategia de pedagogía sobre las implicaciones de los acuerdos, sus benefi­cios, sus retos y oportunidades, así como sus aspectos críticos. Sólo basado en un ejercicio de construcción pública y transparencia sobre los acuerdos, será posible ganar legitimidad para el proceso. Estamos seguros que este objetivo es compartido por todos.