Esta semana dieciséis grandes empresarios y dueños de las mayores fortunas de Francia firmaron un texto en el que exhortan a la "instauración de una 'contribución excepcional' que afectaría a los contribuyentes galos más favorecidos" para reducir el déficit presupuestario.

"En un momento en que el gobierno pide a todos un esfuerzo de solidaridad, nos parece necesario contribuir al mismo", dicen los empresarios, entre quienes se encuentran las cabezas de grupos como L'Oréal, Accor, Fimalac, Publicis, Total, Société Générale, Danone, Orange, Volvo, AstraZeneca, Air France-KLM, PSA Peugeot-Citroën, Nouvel Observateur, Yves Saint Laurent y Virgin Mobile, entre otros.

En la carta los voceros de empresas multimillonarias expresan ser “conscientes de habernos beneficiado plenamente de un modelo francés y de un contexto europeo a los que nos sentimos muy unidos y que queremos contribuir a preservar".

De otro lado, la semana pasada el multimillonario inversor Warren Buffett llamó a los congresistas estadounidenses a incrementar los impuestos a los más ricos, a fin de reducir el enorme déficit presupuestario del país, afirmando que ello no dañará la inversión, ni los empleos.

Propuso un alza de los tributos para los estadounidenses cuyos ingresos superen un millón de dólares anuales y un incremento mayor para los que ganen más de 10 millones de dólares al año.

"Nuestros líderes llamaron a 'un sacrificio compartido'. Pero cuando hicieron esta solicitud me excluyeron. Pregunté a mis amigos megarricos qué sacrificios esperaban que les fueran impuestos. Ellos tampoco habían sido afectados", escribe el multimillonario.

En otros países las personas más acaudaladas no han pedido más impuestos, pero en medio de la crisis a los gobiernos no les ha quedado otra opción que aumentar los gravámenes a todos los rangos de la población. Por ejemplo, en Italia, cuya economía tiene en estado de alerta a la Unión Europea, a mediados de este mes la administración Berlusconi impuso un duro plan de ajuste fiscal que incluye una especie de "impuesto de solidaridad" a los más ricos, con una tasa de 5% para las rentas superiores a 90.000 euros y de 10% para mayores del 150.000.

Incluso dentro del plan de ajuste fiscal en Estados Unidos y la reciente crisis bursátil por la pelea entre Republicanos y Demócratas por subir el techo de la deuda pública, el presidente Obama insistió en que el problema del déficit no se podía resolver sin pedirle a los estadounidenses más ricos que paguen su parte.

"No creo que las compañías petroleras deben seguir recibiendo deducciones fiscales especiales cuando están ganando decenas de miles de millones. No creo que los que gestionan fondos deban pagar menores impuestos que sus secretarios”, declaró.

Panorama local

¿Podría pasar algo similar en Colombia? Según analistas, algo así sería muy complicado. De un lado, nuestro país tiene, guardadas las obvias proporciones, en estos momentos un escenario económico más controlado y estable que el de Estados Unidos y algunos países europeos.

En segundo lugar, aquí hay impuestos o contribuciones que van dirigidas directamente a gravar a los más acaudalados, como es el caso del que se aplica sobre aquellas personas naturales, jurídicas y sociedades cuyo patrimonio líquido era, desde el 1 de enero de este año, superior a $1.000 millones. Este gravamen, como se sabe, está destinado a financiar preferencialmente el gasto en defensa y seguridad, y una pequeña fracción a atender la última catástrofe invernal. Sin embargo, es de aclarar que sólo alrededor de 30 mil personas y empresas pagan este tributo.

De igual manera, hay observadores económicos que consideran que ya el gobierno Santos le ha ‘cargado’ la mano a los empresarios y patronos, que obviamente están en la franja de los más ricos, mediante reformas como aquella de la eliminación del descuento de 30-40% en imporrenta, por reinversión de utilidades, que significará aportes por $4 billones anuales. 

¿Es suficiente? Depende del cristal con que se mire. Para no pocos analistas, la estructura tributaria colombiana es antitécnica, pues combina altas tarifas de impuestos pero también contiene exenciones y descuentos muy costosos, que por lo general benefician las rentas de capital y no de trabajo. 

Igual se afirma que la base tributaria es muy pequeña (alrededor de 1,3 millones de declarantes naturales y jurídicos apenas) y que, por lo mismo, el recaudo, tanto a nivel de Gobierno Nacional Central, como de las tasas cobradas por departamentos y municipios, apenas representa 16 por ciento del Producto Interno Bruto, por debajo de la media latinoamericana.

Para algunos hacendistas la clave del equilibrio fiscal está en ampliar la base de contribuyentes. Es decir, bajar las tarifas de impuestos pero que más personas los paguen. 

Otros consideran que esa no es una fórmula “progresiva” ni “equitativa”, y menos aún si se trata de extender a más productos, bienes y servicios impuestos como el IVA o retefuente, que impactan más fuerte en los estratos medios y bajos preferencialmente. Recomiendan, en cambio, aumentar los gravámenes que pagan las personas con más ingresos y posesiones (los ricos), o seguir recortando las exenciones tributarias, que por lo general son aprovechadas por los grandes capitales y no por la población de menores recursos. Algunos cálculos indican que vía recorte de exenciones, el fisco recuperaría 7 billones de pesos anuales, que podría destinar a gasto social.

Por otro lado, tampoco se puede desconocer que cuando se trata de llamados a la solidaridad, la empresa privada dice presente. Por ejemplo, para la campaña Colombia Humanitaria buena parte de los 200 mil millones de pesos donados procedió de empresas y sectores de recursos en el país. Igual, hoy por hoy las campañas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se han convertido en un importante dinamizador de la inversión social sectorial por parte de los dueños de los grandes capitales.

Sin embargo, de allí a que mañana las personas más ricas de este país firmen una carta pública, al estilo de lo que pasó en Francia e insinuó Buffett en EU, pidiendo que les impongan más impuestos o una contribución especial y extraordinaria, hay mucho trecho. Pero, se reitera, en Colombia la crisis no ha llegado a los límites peligrosos de Washington, como tampoco asoma con la peligrosidad que rodea las fronteras galas.