La escogencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de Néstor Humberto Martínez Neira como nuevo Fiscal General de la Nación es una buena noticia para el país. Su amplia trayectoria en el sector público y privado, así como su profunda experticia jurídica, ejecutiva y administrativa son prenda de garantía para el ente acusador. De allí el buen recibo que su elección ha tenido en múltiples sectores políticos, judiciales, institucionales, gremiales, académicos y sociales. El exministro tiene un probado peso específico en el manejo de la cosa pública y la vigencia del estado social de derecho. Esto explica, de paso, por qué no tienen mayor eco ni lógica las críticas aisladas a su designación, cuando es apenas obvio que un cargo de tan alto nivel debe ser desempeñado por un profesional del derecho con amplio conocimiento de la arquitectura del Estado y el flujo de autoridad en las tres ramas del poder público. Resulta, entonces, un contrasentido y hasta un absurdo que se diga que a la Fiscalía General debiera llegar alguien que no tenga tales características. 

Dicho lo anterior, lo importante ahora son los retos que debe asumir la Fiscalía. Retos de la más diversa índole frente a los cuales el perfil gerencial de Martínez será determinante. En primer lugar, es evidente que debe fortalecerse institucionalmente la entidad y para ello no sólo tiene que  profundizarse el plan de modernización administrativa, la apropiación de nuevas tecnologías, la capacitación del recurso humano y la consolidación del régimen de carrera, sino adoptarse un nuevo marco de contratación más ágil y transparente. Paralelo a lo anterior corresponderá al nuevo titular del ente acusador avanzar en la reformulación, en conjunto con el Ministerio de Justicia y las altas Cortes judiciales, de la Política Criminal del Estado, en lo relativo no solo a la reforma de los códigos respectivos, sino también a los ajustes urgentes para que el Sistema Penal Acusatorio se aplique de forma efectiva y ágil. Esta reingeniería es urgente en un país en donde sigue primando el populismo punitivo y a cada tanto el Congreso tipifica nuevos delitos, agrava penas o modifica el régimen de rebajas de penas y otros beneficios penitenciarios. Precisamente todo ese desbarajuste normativo es el que constantemente provoca escándalos e indignación popular por las decisiones de jueces y fiscales, muchas de las cuales la opinión pública tacha de caprichosas o sospechosas, pero que en realidad solo responden a la aplicación fáctica de las leyes vigentes.

No menos importante será el papel de la Fiscalía ahora que el proceso de paz con las Farc parece llegar en su recta final y la institucionalidad colombiana se enfoca en la adecuación de sus roles funcionales para la etapa del posconflicto. Corresponderá a Martínez la difícil tarea que implica la puesta en marcha de la jurisdicción de la justicia transicional que ordena el traspaso a esta de miles de procesos penales relacionados, directa o indirectamente, con el conflicto armado interno. No hay que olvidar que la propia Corte Suprema de Justicia ha advertido sobre la urgencia de precisar los canales normativos para dicho tránsito y evitar así un desquicio jurisdiccional que implique tener una “justicia paralela” en Colombia.

En la lista de retos en la Fiscalía también figuran otros asuntos trascendentales para el país. Hay que reforzar desde el combate al boom del narcotráfico, las mafias de la minería ilegal, las bandas criminales y las redes de corrupción que esquilman el erario, hasta el pico de delitos de alto impacto público que aumenta la percepción de inseguridad ciudadana. También es urgente la resolución de procesos judiciales con amplio eco mediático, un nuevo impulso a las investigaciones por varios magnicidios aún impunes, la agilización de los procesos de extinción de dominio y destrabar la carga procesal de la ley de Justicia y Paz. No menos prioritario es disminuir los tiempos para la definición de la situación jurídica de los sindicados y evitar así excarcelaciones masivas como las que están en proceso y que incluso hubieron de atajarse parcialmente, mediante una ley de urgencia, en lo relativo a los procesados por los delitos más graves.

Como se ve, Martínez Neira llega a una entidad con los más altos retos en sus más de 20 años de existencia. Consideramos que estará a la altura de sus responsabilidades, sabedor de que en un país que busca superar décadas de violencia multisectorial la aplicación de una justicia pronta y eficaz es sinónimo de la recuperación real de la legitimidad y soberanía del Estado.