“Los Planes de Ordenamiento Territorial se convirtieron en motores de corrupción”, lamentó el procurador Fernando Carrillo.
Desde el Congreso de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados –Analfe–, el jefe del Ministerio Público advirtió que la presencia del Estado es más débil en las regiones y que por esta razón “es tan importante que las batallas que demos, las demos desde los territorios”.
“La amenaza más grande que tiene la descentralización, es precisamente la corrupción, por falta de capacidad institucional para manejar las políticas públicas, los recursos, ser efectivos y mostrar resultados”, sostuvo Carrillo, agregando que el nuevo enemigo de la democracia ya no porta fusiles, sino que “son los funcionarios públicos y privados que cargan morrales llenos de coimas”.
Así mismo, manifestó que el flagelo de la corrupción se ha sofisticado y se ha metido en sectores como la salud, la educación y el medio ambiente y lamentó que “buena parte de nuestros ríos están contaminados por actividades de corrupción y de minería ilegal”.
El jefe del ente de control dijo que busca recuperar la confianza de los ciudadanos y reafirmar que por la vía de la institucionalidad se van a lograr los cambios. Recordó que ningún país de América Latina ha salido adelante después de golpes tan grandes como los sufridos en Colombia.
“Nos cayeron las plagas del narcotráfico, del crimen organizado, del paramilitarismo, pero la regla general de la respuesta en Colombia ha sido tratar de arreglar esos problemas por la vía de la democracia”, indicó Carrillo, para quien la solución al flagelo de la corrupción no está por fuera de las instituciones, y que Venezuela es un ejemplo de que esa no es la salida.
“Estamos en este momento viendo críticamente como se derrumba un régimen que está infestado de autoritarismo y despotismo. Si nosotros tenemos aquí un problema de corrupción, allá es sistémico y combina todos los males que afectan una democracia”, expresó Carrillo, para luego invitar al sector solidario a unir fuerzas en la lucha contra la corrupción, como lo hicieron 13 gremios económicos con la firma de la Declaración por la Transparencia el pasado 22 de junio.
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