1. En estas zonas se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado de Derecho: aunque el Gobierno insiste en que estas áreas de concentración para las Farc no se convertirán en “caguanes”, “ralitos” ni “micro-despejes” y que “allí estará presente la Fuerza Pública", en palabras del Ministro del Interior, lo cierto es que las propias Farc advirtieron ayer que no reconocen ninguna de las acciones unilaterales del Ejecutivo y el Congreso, como esta reforma a la Ley de Orden Público que reinstauró la posibilidad de crear las zonas de ubicación. Reiteraron, por igual, que todo lo relativo a la concentración de sus tropas cuando arranque el cese el fuego, los mecanismos de monitoreo y verificación, así como las reglas del juego para las partes tiene que ser acordadas en la Mesa de Negociación. De allí, entonces, que aunque tanto el Gobierno como el Legislativo insistan en que ya es una inamovible que las Fuerzas Militares o, al menos, la Policía no saldrán de las zonas, como tampoco se desplazará la autoridad de jueces, alcaldes y otras entidades, eso sólo se sabrá cuando se anuncie en La Habana el respectivo acuerdo. Por el momento, parecería difícil que las Farc acepten que en esas zonas permanezca personal militar o policial armado, ya que ello implicaría aceptar la preeminencia estatal.
2. Esas zonas no podrán ubicarse en áreas urbanas: esta condición fue originaria del proyecto gubernamental y es claro que responde a la lógica de evitar que guerrilleros armados puedan llegar a ejercer presiones, atropellar o incluso hacer proselitismo armado sobre un número importante de habitantes de cascos urbanos o cabeceras municipales, más aun estando de por medio la campaña del plebiscito por la paz. Sin embargo, ya las Farc han advertido que no se dejarán encerrar en sus respectivos campamentos ni aislar territorialmente, y que necesitan estar en contacto con la población civil para hacer ‘pedagogía por la paz’ y ‘trabajar’ con sus bases sociales y el campesinado, sobre todo en las áreas en donde han ejercido presencia e influencia por largo tiempo. Este pulso no será nada fácil de solucionar en la Mesa.
3. Número de zonas debe ser prudente y de tamaño reducido para facilitar el monitoreo y la verificación: aquí es evidente la contradicción pues desde el año pasado se sabe que la guerrilla ha venido planteando en la Mesa que requiere de no menos de 50 o 60 áreas de concentración a lo largo y ancho del país, mientras que el Gobierno apenas si estaría dispuesto a 10 o 15 como máximo, con la condición, además, de que no estén cerca a ciudades y cabeceras urbanas de primer orden, como tampoco en regiones en donde las Fuerzas Militares prácticamente expulsaron a los frentes subversivos, como es el caso de Cundinamarca. Las Farc, como estrategia de negociación y posicionamiento, seguramente buscarán exigir los enclaves territoriales más significativos.
4. Dentro de estas zonas no podrá haber cultivos ilícitos ni minería ilegal: en el papel esta condición suena lógica, pero ya sobre el terreno cumplirla no será nada fácil. En primer lugar porque las zonas en donde está más concentrada la guerrilla coinciden, a veces casi al calco, con las de mayor densidad de narcocultivos. La producción de hoja de coca se concentra en las regiones de Nariño-Cauca, Putumayo-Caquetá, Meta-Guaviare, Catatumbo y Antioquía- Bolívar (Bajo Cauca). A ello se suma que el 42,3% de los cultivos de coca se concentra sólo en 10 municipios del país, así: en Nariño, Tumaco; en Putumayo: Puerto Asís, Valle del Guamuez y Orito; en Norte de Santander, Tibú; en Cauca, El Tambo; en Guaviare, Miraflores, El Retorno y San José del Guaviare; y en Meta, Puerto Rico. En esas regiones es casi seguro que las Farc pedirán ‘zonas de ubicación’. Incluso en muchas de esas áreas la guerrilla se ha asociado con carteles del narcotráfico y Bacrim para este negocio ilícito. La condición impuesta implicaría que antes de definir la creación de una zona para las Farc, tendría que hacerse un barrido para descartar presencia de narcocultivos. Lo de la minería ilegal es aún más complicado, pues esta actividad es hoy por hoy la segunda entrada de recursos de la guerrilla en todo el país, y la subversión no aceptaría fácilmente salir de esos enclaves.
5. Las zonas no deberán incluirse áreas fronterizas: una condición muy lógica en el deber ser de las cosas, pero difícil de aplicar en el terreno. Es claro que muchas de las áreas campamentarias de las Farc están en zonas de frontera como el Catatumbo nortesantandereano, Arauca, La Guajira, Putumayo, Nariño o Chocó, en donde esa cercanía con las líneas limítrofes es, precisamente, lo que le permite a los frentes poder evadir la persecución de las Fuerzas Militares o lucrarse de negocios como el narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, minería ilegal y otros flagelos. Es obvio que las zonas de ubicación no rompen la natural desconfianza entre las partes, como tampoco la prevención de las Farc ante algunos sectores a los que considera enemigos del proceso de paz. De allí que siempre querrán tener algún tipo de ruta de escape o corredores de movilización propios en caso de que la situación se complique. Las áreas de frontera son claves en esta estrategia, pues la “misión política” de verificación y monitoreo no puede traspasar los límites territoriales colombianos.
6. En estas zonas se adelantará un inventario de armas que debe incluir los números de identificación serial, si es posible: no se ve muy probable que la guerrilla acepte, de entrada, someter a escrutinio su arsenal y menos que el Estado revise su procedencia. Es claro que esta condición busca establecer, de un lado, que la insurgencia no haga trampa con la entrega de armas (haciendo dejación apenas de una parte y guardando otra), como también establecer si portan armas procedentes de Venezuela o Ecuador, bajo las sospechas de años atrás en torno a complicidades de algunos sectores castrenses de esos países con la insurgencia colombiana. No hay que olvidar que en este procedimiento de la concentración territorial de la guerrilla en medio de un cese el fuego parte de la base de la “buena fe” de ambos bandos, por lo que, de entrada, no se ve muy posible que las Farc acepten una imposición tan arriesgada para ellas como un inventario de sus arsenales. De otro lado, la insistencia subversiva en un desarme “gradual” es lo que pone en duda que las zonas tengan una vigencia “temporal”, como lo sostiene la reforma a la Ley de Orden Público, y que no terminen siendo la base de lo que la guerrilla llama “territorios especiales de paz” (Terrepaz), que son áreas en donde se concentrarían cabecillas, tropas, sus familiares y comunidades locales.
7. El destino final de las armas será su destrucción al finalizar el proceso de paz:A primera vista no parecería fácil que la guerrilla acepte este punto. No hay que olvidar que para ella la firma del “acuerdo final de paz” no acaba el conflicto armado, sino que es un paso en ese sentido, de allí que mantener las armas –bajo la condición de su “no utilización en política” - lo consideran como una garantía de que se cumplirá e implementará todo lo pactado. La subversión ha dado a entender en distintas ocasiones no sólo que nunca entregará su arsenal al Estado, sino que la “dejación” de las armas- sin precisar si las entregarán a un tercero como la “misión política” de la ONU- será gradual. No se sabe, tampoco, si aceptarán destruir, inutilizar o guardar en un depósito las armas, ni las condiciones que impondrían para que les sean devueltas si se incumple lo pactado con el Estado. El Gobierno, por el contrario, ha sido claro en que estas zonas no sólo son para aplicar el cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, sino que también serán el escenario del desarme, que sería monitoreado y verificado por la ONU.
8. Quienes ingresen a estas zonas deberán estar plenamente identificados, incluso con registro dactilar. A quienes carezcan de identificación, el Estado les expedirá su respectivo documento. Se registra aquí el mismo dilema que el ya advertido con el inventario de las armas de las Farc. No sólo porque, como ya se dijo, la concentración de tropas subversivas se hace bajo el principio de “buena fe” entre las partes, sino porque la guerrilla no va a permitir que, de entrada, se le dé a la contraparte bélica de las últimas décadas los nombres y apellidos de todo su pie de fuerza, algunos de los cuales nunca han sido conocidos por las autoridades. Es claro que lo esta condición busca es tener certeza sobre el número real de combatientes a desmovilizar, para evitar colados en busca de beneficios económicos o penales o la misma venta de ‘franquicias’ subversivas a narcos, como pasó con los paramilitares en el gobierno Uribe. También se requiere dicha base de datos para evitar la reincidencia criminal de los subversivos, que conllevaría la respectiva pérdida de beneficios, o incluso para rastrear sus nombres en las bases de datos judiciales con el fin de establecer si son culpables de delitos graves o atroces que requieran ser remitidos a la “Jurisdicción Especial de Paz”.
9. El monitoreo y verificación del proceso de dejación de las armas y el cese al fuego bilateral y definitivo estará a cargo de organismos internacionales:tras la aceptación del Consejo de Seguridad de la ONU a la petición de las partes para que aprobara una “misión política” de ese ente que encabece un mecanismo tripartita de monitoreo y verificación del cese el fuego y de hostilidades, así como del desarme, este punto parece resuelto. Sin embargo, la parte gruesa del asunto está en cuál será el protocolo y mandato que la ONU está estudiando sobre cómo funcionará dicha “misión” y la forma en que Gobierno y Farc, que harán parte de dicho mecanismo tripartita, se aplicarán al mismo. Ese no es un tema menor.