Lo anterior se desprende tanto del proyecto como de las declaraciones dadas por el Presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, quien sustentó así la redacción, presentación y defensa intempestiva de la figura de la inmunidad parlamentaria, que se creía cosa del pasado por anacrónica y no ajustada a los tiempos modernos.

Inmunidad, como se sabe, era la figura jurídica, antes de la Constitución de 1991, por medio de la cual cuando la justicia quería investigar a un parlamentario no podía hacerlo hasta que el Congreso lo permitiera por votación, salvo que fuera tomado con las manos en la masa. Y eso es lo que se intenta volver a entronizar de manera que los congresistas no puedan ser capturados, inculpados, judicializados, ni proceder a ningún acto que los prive de la libertad sin orden previa de cada Cámara, voto a voto, como si fueran grandes jueces o fiscales y tuvieran la autoridad para filtrar las acciones de la justicia y determinar anticipadamente si los actos del sospechoso fueron irregulares o no.

Eso fue, hace unas décadas, lo que determinó un espíritu de cuerpo nocivo e hizo que los parlamentarios se comenzaran a vislumbrar como cosa extraña e inconexa al sentir y representación de la opinión pública. El resultado era muy sencillo: yo te tapo, tú me tapas. Y eso causó, precisamente, que se comenzara a hablar de “clase política”, elevada por encima de los demás ciudadanos y sin el escrutinio judicial común a los que violan las normas, de modo que lo que comenzó a verse allí fue un grupo de privilegiados que no respondían a nada ni a nadie. En resumen, súbditos por encima de la ley.

El sustento argumentativo para mantener la inmunidad, como en las épocas romanas y las cortes monárquicas, consistía en que los jueces podían ser utilizados por los enemigos que quedaban de las contiendas electorales para perseguir a los parlamentarios y entorpecer sus funciones. En tal sentido, decían, la justicia se convertía en un arma política de la cual tenían que defenderse, impidiendo su acción por lo menos durante el tiempo que estuvieran en ejercicio de su curul. Por eso, al ganar las elecciones, lograban la inmunidad. En otras palabras, se hacían intocables e invulnerables, y de allí la reelección perpetua.

Eso, en un país como Colombia donde comenzaba a expandirse el narcotráfico y la delincuencia organizada, determinó que se diera un maridaje entre la política y los delincuentes. Llegar al Congreso para los criminales, pues, fue una alternativa sin parangón para lograr la evasión de la justicia. Así, aparecían de suplentes en las listas de manera que en caso de algún ataque judicial, o la presunción de que podía ocurrir, desplazaran al congresista principal, al que de antemano habían pagado gruesas sumas de campaña, y se aposentaran en la curul libres de cualquier acción judicial.

No sólo fue el caso típico de Pablo Escobar, sino de varios más, lo que causó hondas lesiones en el prestigio del Congreso. Lo que determinó, además, que la justicia se inhibiera de antemano de cualquier investigación por ser confuso y engorroso cualquier trámite en tal sentido. Y eso es lo que quieren revivir, en medio de las decenas de investigaciones a congresistas que hay en la Corte y la Fiscalía, todo bajo el expediente de que el Congreso está asustado. Y si está asustado, ¿esa es la cura?