La Barca tuvo acceso a la respuesta a un cuestionario presentado por el Consejo de Estado, al Primer Magistrado de la Nación Juan Manuel Santos Calderón, por cuenta de la fallida Reforma a la Justicia, que inicialmente le cortó la cabeza al brillante jurista y exconstituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Santos echó al agua a sus amigos más cercanos, los congresistas Eduardo Enríquez Maya, Jesús Ignacio García, Juan Manuel Corzo, Juan Carlos Restrepo, Luis Fernando Duque, Martín Emilio Morales y los representantes Germán Varón Cotrino, Alejandro Carlos Chacón, Carlos Edward Osorio, Gustavo Puentes Díaz, Orlando Velandia y Roosvelt Rodríguez, salvándose milagrosamente el Presidente de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz.
Dijo Santos. Solo fueron suficientes 8 páginas refrendadas con el puño y letra del Presidente de la República para condenar a las tinieblas exteriores, en declaración juramentada, a sus más cercanos amigos, los conciliadores de la Reforma a la Justicia quienes, según el propio Santos, se extralimitaron en sus funciones quedando incursos en abuso de poder.
Lo escrito, escrito está. El Jefe de Estado colombiano señalo que existen razones de inconstitucionalidad e inconveniencia para objetar este acto legislativo. A juicio del Gobierno Nacional la Comisión Accidental de Conciliación se excedió en el ejercicio de sus funciones, adoptó decisiones inconvenientes para el sistema judicial colombiano, ya que allí se pretendía quitar facultades a la Fiscalía y pasárselas a la Corte Suprema de Justicia, lo que habría paralizado las investigaciones que son adelantadas por el ente acusador contra los funcionarios públicos.
Más señalamientos. De acuerdo con Santos, si la Reforma a la Justicia hubiera entrado en vigencia se habría producido la excarcelación inmediata de los funcionarios aforados que en ese momento estaban presos. Pues la Comisión de Conciliación no fijaba ninguna transición a un nuevo modelo de juzgamiento. "El Gobierno consideró que la ausencia de un régimen de transición arrojaría al limbo jurídico los procesos en curso, produciría paralización en dichos expedientes, con riesgo de caducidad, congestionaría la Corte Suprema de Justicia y excarcelaría a quienes estuviesen privados de la libertad ante la ausencia temporal de un Juez Natural, lo que a todas luces resultaba abiertamente inconveniente para los superiores intereses del país y de la propia Justicia”.
Reflexión. Este hecho ilícito imputado por el propio Presidente de la República a los 12 congresistas lo debió denunciar y enviar junto con las correspondientes pruebas que obran en su poder a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que es el juez natural de los legisladores, el mismo 19 de junio de 2012, y por no haber obrado así oportunamente podría haber incurrido el presidente como funcionario público en el delito de omisión de denuncia de hecho ilícito, constituyéndose en cómplice.
@BarberiaBarca