1. EL POLÍTICO: Santos debe blindarse  

Es claro que el presidente Santos tiene un gran reto con el nuevo proceso de elección del Fiscal General. En primer lugar, debe evitar a toda costa cualquier contagio del clima de politización que desde algunos sectores, en especial del uribismo, ya se empieza a tratar de presionar.

En ese orden de ideas, el Jefe de Estado debe partir de la base de que la terna que presente a la Corte Suprema de Justicia no tenga una ‘marca’ política en particular. Es decir, que el peor mensaje que se le puede dar al país es el riesgo de que los tres postulados puedan ser tachados de “santistas” o “uribistas”. Tampoco puede dar pie a que se piense que la postulación va dirigida a reparar las deterioradas relaciones con el ex mandatario o a terminar de marcar diferencias con el mismo. Por el contrario, debe candidatizar juristas del más alto nivel y trayectoria, que garanticen la autonomía e independencia del ente acusador. Y, de paso, para evitar lo que pasó con el tardío conocimiento de la relación matrimonial de Morales, es obligación primaria del Jefe de Estado garantizar que los candidatos no tengan ninguna tacha en lo personal o familiar.

La época de los “fiscales de bolsillo” ya que quedó atrás y más aún cuando la elección final queda en manos de una Corte que dio pruebas fehacientes de que no escogerá a alguien que tenga un sesgo político marcado o que no sea prenda de garantía para dirigir una entidad que tiene a su cargo la investigación de procesos insignia de corrupción política y desfalcos al erario público.

La segunda prioridad de Santos debe ser la rapidez con que debe actuar para confeccionar la baraja de aspirantes y su respectiva remisión al alto tribunal. Cada día en que la Fiscalía permanezca en la interinidad no sólo atenta contra el proceso de recuperación de la institucionalidad de la misma, sino que da margen de acción a quienes quieren politizar el proceso de elección del titular o desprestigiar la acción de la justicia.

Además, si por la ausencia de Fiscal General en propiedad o el impacto que ello tiene en procesos por casos insignia de corrupción (en especial los ‘heredados’ del uribismo) se produjeran excarcelaciones, vencimientos de términos o, peor aún, prescribiera alguna acción penal contra algún ex alto funcionario, gran parte del agua sucia le caería a la Casa de Nariño.

2. EN LO JURÍDICO: Corte y el reto de acertar

Es claro que todos los ojos del país en las próximas semanas estarán fijos sobre el alto tribunal, no sólo porque, acorde con el fallo del Consejo de Estado, fue un error de interpretación el que configuró la nulidad de la escogencia de Morales, sino porque difícilmente admitiría la opinión pública que el nuevo proceso para seleccionar al jefe o jefa del ente acusador se dilate o llegue al extremo de los 16 meses que tardó el anterior.

En ese orden de ideas, la primera obligación de la Corte es la celeridad en la evaluación de los perfiles y trayectorias de los postulados, la citación ágil de las respectivas audiencias públicas para que éstos expongan sus respectivos planes y la mayor transparencia y dinámica posibles en las sesiones de votación.

El debate en torno a que si el nuevo titular debe ser un penalista o puede ser especializado en otra rama del derecho ya quedó superado con la misma elección de Morales.

Por igual, tiene el alto tribunal que evitar contagiarse del clima de politización que ya se está gestando alrededor de la escogencia del nuevo Fiscal. Ya no son los tiempos de la polarización férrea con el uribismo, como tampoco de mostrar un perfil que éste pueda llegar a tachar de antiuribismo. Es hora de mirar hacia delante y no recabar en lo pasado, por más grave que haya sido.

Es claro que la Corte actual es muy distinta a la de finales de 2010, no sólo porque ya están completas las 23 plazas de magistrados, sino porque 10 de éstos es la primera vez que participarán en la elección de un Fiscal General. Hoy el alto tribunal tiene un perfil más jurídico y poco a poco se han difuminado las polémicas de antaño en torno a grupos de magistrados de línea dura o suave, de inclinación uribista o anti-uribista.

Tal como se advirtió en el caso del presidente Santos, si por culpa de la interinidad en la jefatura del ente acusador asomara el riesgo de impunidad, prescripción, vencimiento de términos o excarcelaciones de sindicados por escándalos de corrupción de distinta índole, es claro que el agua sucia caería principalmente sobre el alto tribunal.

La Corte, entonces, tiene la obligación no sólo de acertar en la elección del sucesor de Morales, sino de hacerlo de manera rápida y transparente, sin dar lugar a polémicas sobre divisiones y bandos internos.

3. EL LEGISLATIVO: Reforma como espada de Damocles

El proceso de elección del Fiscal General exhibe esta vez en el Congreso un protagonista principal, que si bien no tiene injerencia directa ni indirecta en la postulación de candidatos como tampoco en la escogencia final, sí jugará desde afuera de la mesa.

Como se sabe, en el proyecto de reforma a la justicia que cursa en el Parlamento, uno de los artículos más polémicos es el que propone que se le quiten las facultades electorales y nominadoras a las altas Cortes, de forma tal que no puedan, en adelante, proponer candidatos, confeccionar ternas o hacer la elección final de jefes de entes de control. De esa manera, las cortes Suprema de Justicia y Constitucional, así como los consejos de Estado y Superior de la Judicatura perderían la facultad de intervenir en la escogencia de Fiscal, Contralor y Procurador generales, funciones que pasarían a manos del Presidente y el Congreso.

La reforma judicial va a mitad de camino en Senado y Cámara, pues apenas ha superado cuatro de los ocho debates necesarios. Se calcula que en junio podría ser aprobada y sólo entraría a regir en el segundo semestre. Por lo mismo es claro que aún si el Gobierno o la Corte se demoraran en la postulación de la terna o en la votación de la misma, difícilmente esas nuevas reglas del juego, en caso de ser aprobadas finalmente, entrarían a operar en la selección del sucesor de Morales.

Sin embargo, cada día de interinidad en la Fiscalía lo único que conseguirá es darle piso a quienes en el Congreso insisten en que a las altas Cortes hay que quitarles las facultades nominadoras y electoras, bajo la tesis de que éstas politizan el accionar de los máximos tribunales y los distraen de sus tareas principales: administrar justicia.

Por igual, mientras permanezca en interinidad la Fiscalía, a los presidentes de las altas Cortes les quedará muy difícil ir a defender en comisiones y plenarias de Senado y Cámara que no les quiten las funciones de postulación y elección. No hay que olvidar aquí que fue el mismo proyecto del Gobierno el que traía originalmente ese polémico artículo y en ambas cámaras legislativas, por más oposición de los magistrados y su retiro de las discusiones, ya logró ser aprobado en cuatro debates, sin importar, incluso, que se diga en varios sectores que detrás de este cambio hay un tufillo de revanchismo del Congreso contra los máximos tribunales por decisiones como la caída del referendo reeleccionista o el proceso de la parapolítica, que se ha llevado por delante casi 60 parlamentarios.

4. EN LO INSTITUCIONAL: el peso de las reglas del juego

La celeridad o no de la escogencia del Fiscal General tiene en las reglas del juego, no del mecanismo en sí, puesto que ya está fijado que el Presidente postula y la Corte elige, sino del periodo de quien entre a dirigir el ente acusador, una cuestión muy relevante. Es claro que con el quórum de 23 magistrados, el alto tribunal tiene el margen de acción para lograr sin ningún problema que el elegido lo sea con, por lo menos, 16 votos. No habrá, entonces, necesidad de modificar el reglamento interno de la Corte, que fue, en últimas, la base que utilizó el fallo del Consejo de Estado para declarar nula la elección de Morales. Igual, Santos ya dio muestras claras de que no teme cambiar una terna si se entiende que de la misma no saldrá un elegido.

El problema de las reglas del juego se refiere, entonces, a cuál será el periodo que tendrá que cumplir el nuevo Fiscal General. Como se sabe, en el anuncio del fallo del Consejo de Estado ese asunto no quedó claro y pululan las interpretaciones jurídicas al respecto. Hay quienes sostienen que el sucesor de Morales deberá estar en el cargo sólo hasta julio de 2013, que es cuando se completan los cuatro años después de la salida de Mario Iguarán de la Fiscalía. Su tesis se basa en que el periodo debe ser institucional y, por lo tanto, el elegido por la Corte tendrá que completar lo que falta del lapso cuatrienal que tienen los titulares de la entidad.

Pero otros juristas consideran que el nuevo titular del ente acusador no es un reemplazo, ni de Guillermo Mendoza (que estuvo como fiscal encargado entre julio de 2009 y diciembre de 2010), como tampoco de Morales (que ejerció como titular de enero 2010 a febrero 2011), sino que es un nuevo Fiscal y, por lo tanto, su periodo es cuatrienal, es decir que debería estar en el cargo hasta comienzos de 2016. Incluso los defensores de esta hipótesis sostienen que el hecho de que Morales haya renunciado y se inicie todo el proceso de elección formal, le da más argumento a que estamos en un borrón y cuenta nueva. Agregan que la jurisprudencia que se está citando sobre periodos personales y periodos institucionales es una norma que se aplica a quienes ocupan cargos de elección popular y no a otros altos funcionarios.

Es claro que la confección de la terna será muy distinta si el Fiscal es apenas para año y medio, que si lo es para cuatro años. Eso sería ingenuo negarlo.