No son pocos los actos administrativos que han puesto en jaque a la administración de Gustavo Petro, quien en el pasado fuera uno de los principales críticos de la gestión de pasados alcaldes de Bogotá. Aquí un panorama.
1. Tres años con esquema de basuras
Desde que se firmó el contrato 017 entre la Uaesp y la EAB y la expedición del decreto 564 de 2012, fórmula jurídica que dio vía libre al nuevo esquema de aseo, el Mandatario capitalino tiene problemas. Primero fue porque a mediados de diciembre, cuando se hizo el cambio en la recolección, en algunos sectores de la ciudad no se recogieron los residuos y después vino la destitución e inhabilidad que le impuso el procurador Alejandro Ordóñez y que hoy es materia de análisis por parte del Consejo de Estado.
Mientras se resuelve en última instancia la situación administrativa, la Fiscalía General tomó la decisión de archivar la investigación que se adelantaba en su contra al no encontrar que hubiera incurrido en algún delito con la implementación del modelo de basuras.
Estableció el ente acusador que la ausencia de recolección de basura en Bogotá durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012, no generó contaminación ambiental en los términos que contempla el Código Penal.
2. Obras en humedal La Conejera
Aunque la licencia para las obras que invaden una porción del área protegida del humedal La Conejera, Urbanización Fontanar del Río A-1, no fue otorgada por esta administración, el alcalde Gustavo Petro ha estado en el ojo del huracán porque los dueños de la constructora es familia política.
Además de que fue necesario nombrar al ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, como alcalde ad hoc para este caso, el personero Ricardo Cañón le pidió a la Procuraduría que investigue al curador que otorgó la licencia. De acuerdo con los mapas oficiales del propio Distrito, la urbanización construirá estacionamiento y áreas sociales dentro de los 238,12 metros cuadrados que integra la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) del cuerpo de agua.
3. Sin bombillos LED para semáforos
Por supuestas irregularidades en contratos de movilidad, la Administración rindió interrogatorio por dos situaciones que la vincularon. Primero son las declaraciones del exsecretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, escuchado por la Fiscalía en diligencia de interrogatorio y por el otro la denuncia que radicó la concejala Sandra Jaramillo, del Partido La U, sobre el contrato para la compra de bombillos LED para modernizar los semáforos de la ciudad.
La Administración explicó porqué revivieron un contrato caducado para el cambio de las luces de los semáforos con la suscripción de un preacuerdo de módulos led para semaforización el año pasado. Resulta que el contrato tiene resolución de declaratoria de incumplimiento el 4 de julio de 2012 debido a que los 26.625 módulos LED que convertirían los semáforos de la ciudad en aparatos modernos, no sirvieron básicamente. Pero un año y medio después de haber sido liquidado el contrato, sin que existiera certificado de disponibilidad presupuestal, fundamento para contraer obligaciones, firmaron un contrato de transacción.
4. Polémica innovación en máquina tapahuecos
Pese a todo lo que se ha dicho sobre el contrato de Ciencia y Tecnología No. 638 de 2013 para el parcheo por inyección a presión neumática para la intervención de la malla vial de la ciudad con la llamada máquina tapahuecos, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial lo prorrogó entre 10 y 11 meses y medio.
El pasado 30 de septiembre la empresa contratista Green PatcherColombia S.A.S. solicitó una prórroga por 5 meses y medio. Sin embargo, se tuvo en consideración los rendimientos y la cantidad de mezcla inyectada en ese mes y se le pidió a la firma presentar una propuesta concreta y realizable, por tal razón los dueños de la tapahuecos presentaron el 27 de octubre una adición de 11 meses y medio para concluir con los objetivos del contrato.
Una vez entró en polémica el contrato, cuyo valor asciende a los $11 mil millones, la Procuraduría General formuló pliego de cargos a tres funcionarios de la administración de Gustavo Petro por suscribir de la manera directa el contrato. María Gilma Gómez, en su condición de directora de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá; María Constanza Aguja, secretaria general de la entidad; y Olga Patricia Mendoza, jefa (e) de la Oficina Asesora Jurídica de esa unidad.
5. Uniformes en bodegas
Después que la Contraloría denunciará que por falta de planeación, incumplimiento en términos pactados y posible deterioro de uniformes de atletismo, esgrima, baloncesto, BMX, fútbol ‘tirados’ en tres bodegas, entre otros y destinados a las diferentes delegaciones y el personal de apoyo se podrían perder $3.312 millones, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) señaló que no hay detrimento patrimonial sino incumplimiento del contratista. A su vez la Contraloría habría detectado que en los contratos no se incluyeron especificaciones como tallas y cantidades, datos básicos para adelantar el trabajo y solo 10 meses después el IDRD proporcionó la información a los contratistas a pesar de tener un plazo de ejecución de 6 meses. Hasta ahora los únicos beneficiados han sido los contratistas, pues fueron ellos los que recibieron un pago anticipado del 50 por ciento del valor del contrato, equivalente a $1.883 millones, sin que se ejerciera control alguno sobre estos recursos por parte del IDRD.
6. Suspensión de contratos
Una de las principales críticas a esta Administración ha sido por la suspensión de licitaciones públicas que son fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Una de ellas es la devolución de tres Asociación Pública Privada (APP) para el tren ligero por la Carrera Séptima, la compra de bicicletas públicas, semáforos, entre otros.