Las tareas que le ha recomendado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, a Colombia para poder hacer parte del selecto club de la organización, puede colocar al país con un sinnúmero de conflictos sociales que el ciudadano de a pie poco entiende o reconoce.

No pasa día sin que surja una nueva tarea que debe atender el Gobierno, pero con el peligro que muchas de las recomendaciones o condiciones están tocando a diferentes sectores que pueden ‘calentar’ el ambiente político y social del país.

Ya son más de 300 recomendaciones las que ha hecho la OCDE, para el proceso de adhesión de Colombia al grupo de 34 economías.

Además, la hoja de ruta para el proceso de calificación, como lo especifica el memorándum inicial, toma posición sobre los 250 instrumentos jurídicos que contienen los estándares de la OCDE.

Colombia debe recibir el aval de los 23 comités que conforman la Organización, en temas como educación, agricultura, energía, salud, comercio y pensiones.

No en vano, temas macro como el de implementar una reforma tributaria estructural o una reforma pensional que implica aumentar la edad de los trabajadores para acceder a su jubilación, ya están causando roncha entre los empresarios y empleados, que por un lado ven cómo se les puede aumentar los impuestos y por el otro cómo aumentan las semanas de trabajo para conseguir una pensión.

Las tareas

A estas tareas se les une las 32 recomendaciones al sector agropecuario, que giran en torno a que los apoyos a la agricultura deben centrarse en reformas estructurales a largo plazo, como la mejora de los derechos sobre el ingreso a la tierra y la utilización del suelo: el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad de los predios rurales y los conflictos en cuanto al uso del suelo (si una zona es apta para agricultura, ganadería o minería).

De acuerdo con el analista Bernardo Ramírez, “las tareas que la OCDE le quiere imponer a Colombia son temas de largo plazo pero están dirigidas hacia un país que no tenga conflictos sociales, que no esté negociando un acuerdo de paz con la guerrilla y que tenga un clima político acorde con un país industrializado y eso no lo tiene Colombia”.

Para el experto y académico, en estas negociaciones entre Colombia y la OCDE, que ya llevan 2 años, puede más el deseo que la razón: “yo creo que uno de los propósitos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos es hacer parte de la OCDE, pero esto no es una panacea. Hay que ver lo que sucede con México, que hace 10 años forma parte de ese organismo y  hoy vive una situación complicada de conflictos sociales y de corrupción”.

Año electoral

Además, señala Ramírez, este es un año electoral, en que las regiones ya están adelantando campañas que se atraviesan con muchas de las tareas que ha recomendado el organismo y no existe ambiente para llevarlas a cabo.

Aunque el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que las tareas no son una camisa de fuerza que obligue al país, sino de recomendaciones que alimentarán el debate interno, la verdad es que si Colombia aspira a entrar al club de la OCDE, debe dirigirse en la misma dirección de las prácticas que este organismo promueve.

Con unas elecciones que el Gobierno de Santos quiere ganar, es complicado que se le meta el acelerador a una reforma pensional, por ejemplo, que propone ampliar la edad de jubilación de la mujer, terminar el régimen de prima media, bajar impuestos a las empresas y subirles a las personas, aumentar el IVA o quitar exenciones.

Sin duda, los congresistas que comienzan la campaña no le van a hacer eco a esas propuestas impopulares.

Otro elemento complicado, según el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, es que este año se debe presentar la reforma tributaria, porque a partir de 2016 se vislumbra un desfinanciamiento preocupante con la caída de los precios del petróleo. “Yo veo inevitable que este año se discuta. Ojalá que sea en los términos que propone la OCDE”, afirma Villar.
Según la Contraloría, el desplome en las cotizaciones del crudo generará un faltante cercano a los 15 billones de pesos en el próximo periodo fiscal, y el Ministerio de Hacienda calcula el impacto para 2015 en 9 billones de pesos.