Un punto clave de la propuesta en trámite es darle mayor importancia a las bancadas para que asuman responsabilidades políticas por las actuaciones legislativas.

Como lo ha informado profusamente EL NUEVO SIGLO, tras el incidente de aprobación y hundimiento de la reforma a la justicia, varios sectores del Congreso recogieron el clamor de la opinión pública por un replanteamiento del funcionamiento legislativo.

Así nacieron varias iniciativas para reformar la Ley Quinta, reglamento del Congreso, incluyendo un proyecto integral desarrollado desde la sociedad civil.

Se trata del proyecto número 199 de 2012 Cámara, “por el cual se modifica la Ley 5a de 1992 y se añaden otras disposiciones”, radicado el 1º de noviembre por los senadores Roy Barreras (Partido Social de Unidad Nacional, La U), José Antonio Correa (Partido de Integración Nacional, PIN) y Marco Aníbal Avirama (Alianza Social Independiente, ASI); así como por los representantes José Joaquín Camelo (Partido Liberal), Augusto Posada y Alfredo Deluque (La U), Carlos Andrés Amaya (Partido Verde), Luis Enrique Dussán (Unidad Liberal), Alfredo Bocanegra (Partido Conservador), Alba Luz Pinilla (Polo Democrático), Julio Eugenio Gallardo (Movimiento de Integración Regional), Juan Valdés (ASI) y Gloria Stella Díaz (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, MIRA).

El proyecto está en la Comisión Primera a la espera del informe que rinda el grupo de ponentes coordinado por el representante Pedrito Tomás Pereira, del Partido Conservador.

Proyecto

De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto reconoce la necesidad de adelantar una reforma integral al reglamento del Congreso con el objetivo de formalizar ciertos procesos legislativos, establecer principios más claros de transparencia y publicidad de la información en tiempo real, unificar y formalizar documentación y procesos, y actualizar tecnológicamente la actividad legislativa.

Para ello se plantea, entre otros, objetivos generales como fortalecer el papel de las bancadas al interior del Congreso, estableciendo que en toda actuación se dará prioridad a las bancadas y desarrollando sus principios y capacidades como convocatoria a citaciones, participación en plenarias y en el Congreso en pleno, funciones de los voceros, periodo y la respectiva Junta de voceros.

Adicionalmente, el proyecto establece las figuras de grupos parlamentarios y grupos interpartidistas, que permitirán a partidos pequeños y a miembros de diferentes partidos que buscan defender un tema específico, asociarse con miembros de otras bancadas para promover acciones conjuntas y aumentar sus probabilidades de aprobación de leyes.

El proyecto también busca racionalizar la función de control político del Congreso. Para ello, desarrolla una definición y clasificación explícitas de los mecanismos de control político, e incorpora medidas como la imposibilidad de citaciones simultáneas a un mismo ministerio y la necesidad de establecer plazos razonables de notificación y respuesta. Adicionalmente, se brinda la posibilidad de sustentar o impugnar proposiciones de citación por parte de los voceros de bancadas o grupos parlamentarios en plenarias, lo cual fortalece el papel de estas colectividades al interior del legislativo.

En materia de trámite legislativo, incorpora cambios como: la instauración de formatos digitales únicos para todos los documentos del Congreso; un orden para la redacción de los proyectos de ley; plazo para la presentación de proyectos y ponencias; la imposibilidad del ponente para modificar los textos aprobados en comisión o plenarias, entre otros.

Propósitos

En un informe del Instituto de Ciencia Política (ICP), dirigido por Marcela Prieto, más específicamente de su Observatorio Legislativo, liderado por Marcela Escandón, se explicó que “la iniciativa, que ya surte su trámite y además cuenta con el respaldo del Gobierno y de las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes, tiene entre otros propósitos, formalizar procesos legislativos, fortalecer el papel de las bancadas, racionalizar la función de control político, establecer principios más claros de transparencia y unificar  la documentación y los procesos que hacen parte del trámite en general. Con ello se espera no solo actualizar tecnológicamente el proceso de discusión y aprobación de las leyes, sino además actualizar y articular el reglamento a otra serie de disposiciones legales que regulan gran parte de la actividad legislativa, como por ejemplo la Ley 974 de 2005, mejor conocida como la ley de bancadas”.

“Es preciso señalar que esta iniciativa es también el resultado de un continuo y exitoso proceso de socialización en el que se vieron involucrados de manera directa congresistas, secretarios y funcionarios de las distintas dependencias administrativas que operan en el Congreso; así como también los voceros de los partidos y las mesas directivas de cada una de las cámaras. Vale la pena mencionar, que la propuesta de ley elaborada por la sociedad civil hace parte de un paquete de reformas para la modernización integral de esta corporación promovida por las actuales presidencias de Senado y Cámara”, agregó.

Utilidad

Para el ICP, “existe una brecha entre las directrices que están establecidas formalmente para guiar los procesos y el contexto en el que son realizadas las tareas adelantadas por los senadores y representantes del país. Tres casos muy puntuales permiten ilustrar este punto de vista”.

“En primer lugar”, según el informe, “el reglamento vigente está diseñado para regular la actuación individual de los legisladores, es decir se concentra en la figura particular del congresista para definir las directrices de sus funciones y atribuciones, no obstante, se pasa por alto que desde 2005 funciona en Colombia la Ley de Bancadas, normatividad que reglamenta la actuación de los miembros de las corporaciones públicas mediante el uso de una figura colectiva partidista denominada bancada, a través de la cual se buscaba fortalecer el papel de los partidos dentro del legislativo en detrimento de los comportamientos personalistas. Aún hoy, la ley de bancadas se encuentra muchas veces limitada no sólo por los vacíos que en si misma contiene, sino además porque en la ley 5 de 1992 no se privilegia a las colectividades como actores fundamentales dentro del proceso de elaboración, discusión y aprobación de las leyes. Esta situación marginaliza a las bancadas y por esta misma vía hace que pierdan fuerza como actores legislativos”.

“En segundo lugar”, agregó el documento, “el actual mecanismo de citaciones contemplado en el reglamento, el cual es empleado para poder ejercer la función de control político, presenta serias inconsistencias”.

“Tal y como está diseñado, hoy en día es posible que en varias comisiones los legisladores (incluso de un mismo partido) citen a un funcionario público a la misma hora y día, entorpeciendo la labor de control político del Congreso haciéndola ineficiente, desgastante e improductiva”.

Además, “el actual reglamento no contempla ningún tipo de disposición respecto al uso de tecnologías de la información, herramientas que pueden contribuir a la eficiencia y la publicidad abierta de los diferentes procesos que tienen lugar en la corporación. Dado que aún no existen criterios estandarizados para los formatos en los cuales son consignados los registros del trámite, la presentación de la información a la ciudadanía suele ser confusa, muchas veces inoportuna y algo imprecisa. No está de más señalar, que lo anterior termina afectando los niveles de confianza que la población percibe en el Congreso, pues es valorado como una institución en la que los procesos resultan ser altamente endógenos, aislados y cerrados”.

Bancadas

 “La reforma busca fortalecer el papel de las bancadas al interior del Congreso. Para ello, la iniciativa establece que en toda actuación se dará prioridad a las bancadas a través del otorgamiento de atribuciones y funciones como la capacidad de convocar a citaciones, la posibilidad de que participen en plenarias y sesiones del Congreso en pleno y también la posibilidad de imponer sanciones a los miembros de cada una de estas colectividades”, precisó el informe.

“Una de las modificaciones más interesante que introduce la iniciativa tiene que ver con el establecimiento de las figuras de los grupos parlamentarios y los grupos interpartidistas. A través de estas dos nuevas formas de actuación legislativa, se abre la posibilidad para que a través de la unión de dos o más bancadas se dé origen a grupos políticos que promueven y defienden causas temáticas particulares, como por ejemplo la protección de los derechos de la mujer, políticas medioambientales, derechos de los animales (hoy llamada bancada animalista), temas de infancia y adolescencia, entre otros”.

“Esta modalidad, denominada grupos interpartidistas para la defensa de intereses comunes, permite además de promover intereses temáticos, que los partidos políticos pequeños construyan alianzas interpartidistas para promover acciones conjuntas y aumentar sus probabilidades de éxito de las iniciativas que son elaboradas por ellos. Adicionalmente, a través de los grupos parlamentarios se facilitaría el estabelecimiento de alianzas por fuera de las bancadas, más allá de afinidades temáticas coyunturales, lo cual posibilita la promoción de temas que pueden llegar a trascender posiciones ideológicas, sin afectar la unidad de cada partido. Así mismo, el mecanismo resulta útil si se considera que hace obligatorio el registro de estas alianzas y en esa medida ofrece a los ciudadanos una herramienta concreta para adelantar labores de seguimiento y control de legisladores y partidos, ante una práctica que ya existe hoy, pero que se realiza de manera informal y muchas veces a espaldas del público”.

“Por otra parte, el proyecto de ley también pretende robustecer el alcance de la función desempeñada por los voceros. Si bien es cierto que la figura del vocero en Colombia existe desde hace algunos años, la misma carece de instrumentos que la conviertan en una verdadera figura de liderazgo dentro del Congreso.  Para tal propósito, la propuesta de ley establece que todo vocero será designado por un término de dos años con posibilidad de ser reelegido una vez más durante el cuatrienio. Adicionalmente, se establece que en las sesiones plenarias y en Congreso en pleno tendrán voz los voceros que establezcan las bancadas y grupos parlamentarios. En cuanto al régimen de sanciones, será deber de los voceros informar a las respectivas mesas directivas las sanciones establecidas a los miembros de sus bancadas, para que a través de ella, se les dé cumplimiento. De este modo, se espera que la figura del vocero se constituya un referente en términos de autoridad y liderazgo en el Congreso, con los propios partidos y ante la opinión pública en general”.

Precisó el ICP que “el proyecto también busca racionalizar la función de control político del Congreso, para lo cual incluye en su articulado varias disposiciones asociadas a la reglamentación de esta importante función constitucional del Congreso. En la iniciativa se entiende por citación en general el requerimiento que hace el Congreso de la República a los servidores estatales y a particulares. Específicamente, en los artículos 65 y 66 se dispone que la citación de los congresistas a las sesiones plenarias y a las de las comisiones debe hacerse expresamente por la respectiva secretaría y a través de un formato único digital”. 

Conclusiones

El informe del ICP concluye que “es preciso reconocer que el Congreso colombiano ha adelantado diferentes esfuerzos para modernizar su estructura y funcionamiento. Sin embargo, quedan tareas pendientes que justamente este proyecto pretende afrontar a través del rediseño del reglamento interno de la corporación. La iniciativa se constituye por la actual coyuntura en la oportunidad del gobierno y del legislativo para recuperar la imagen y la confianza que se perdió con el escándalo desatado con el proyecto que pretendía reformar el sistema de administración de justicia en Colombia. En ese sentido, el momento es clave para considerar las posibilidades de éxito de la iniciativa, más si se tiene en cuenta que las mesas directivas e instancias administrativas actuales secundan la propuesta”.

“Ahora bien, así como es cierto que el momento coyuntural y el clima político favorece el curso del proyecto, también es cierto que la agenda legislativa programada por el gobierno para el corto y el mediano plazo se convierte en un desafío enorme, pues la iniciativa deberá cobrar protagonismo frente a prioridades gubernamentales como: la reforma tributaria, las modificaciones estructurales al sistema de salud que se pretenden introducir mediante una reforma que en estos momentos elabora el gobierno, el proyecto que busca combatir la minería ilegal, la regulación de tenencia de tierras por parte de extranjeros y la reforma al código penitenciario, por mencionar sólo algunos”.