Igualmente la extrema ingenuidad y confianza caracterizan la fiscalización del pago de regalías.
Helena Villamizar García-Herreros
Especial para EL NUEVO SIGLO
Antes de tomar posesión ante el Congreso el presidente Santos se reunió con los Mamos de la Sierra nevada de Santa Marta prometiendo con este gesto simbólico una política de respeto al medio ambiente bajo su gobierno.
Ninguna tarea de largo plazo puede ser más urgente que ésta, más aún cuando uno de los pilares del plan de desarrollo es “la locomotora minera”, actividad cuya propensión obvia, dejada a los designios del mercado, es la amplia destrucción del medio ambiente.
Y sin embargo nada o casi nada parece haber cambiado en esta materia desde el gobierno de su antecesor, con excepción de un discurso contrario a los hechos, que promete armonizar el desarrollo minero con el crecimiento, el empleo y el medio ambiente. Como dice el ex ministro Manuel Rodríguez, “Y si las cosas continúan como van, este discurso se reducirá a una vacua retórica ambiental,(…)” en torno “a esta locomotora minera que parece estar transformándose en una aplanadora del patrimonio natural del país” 1/ .
Ya el nuevo ministro Mauricio Cárdenas ha mostrado su vocación de mantener el status quo de la política minera. Ante una pregunta que contempla las expectativas de subir regalías manifestó: “En este momento, lo importante es no introducir grandes cambios a las reglas de juego. Hay que darle al país estabilidad, confianza y seguridad (…).” 2/ ¿Será a Colombia a quien se le brinda estabilidad y confianza manteniendo el actual modelo minero inequitativo? Entre sus notables rasgos, se cuentan entre otros: escandalosas exenciones tributarias, las cuales en 2009 representaron más de la mitad de las regalías en la minería según estudio de Guillermo Rudas.
Igualmente la extrema ingenuidad y confianza caracterizan la fiscalización del pago de regalías; según la Contraloría “la información proveniente de los titulares mineros en el tema de las regalías es, en un alto porcentaje, de buena fe, pues Ingeominas no cuenta con elementos suficientes para controvertir o rechazar las liquidaciones de producción que reportan los titulares”3/. Tanta fe en estas multinacionales ha significado grandes detrimentos patrimoniales o demoras en los pagos de regalías. El examen de 10 contratos en los últimos años encontró un posible detrimento patrimonial por $ 400.000 millones por mala liquidación o no pago de ellas.3/
La corrupción
Otro rasgo característico del modelo es la inmensa corrupción permitida; entre otros la gran feria de licencias durante el mandato Uribe denunciada por el ex ministro Rodado, fraudes en regalías y, en el caso del oro, “una gigantesca caja negra” de fraude en exportaciones y lavado de dólares según la revista Dinero 4/
Como en el caso del oro, la macroeconomía de la minería esconde una realidad muy distinta a la versión oficial. Su aporte a la inversión y su complementación con el ahorro nacional son un mito. Las inmensas utilidades giradas al exterior constituyen buena parte de las altas transferencias netas al exterior (US$10.880 millones entre 2002-2009 según CEPAL), desangre bien oculto en las declaraciones gubernamentales. ¿Cuáles son entonces los supuestos inmensos beneficios de la política minería que aconsejan su estabilidad?
Si en el terreno de la economía la inversión extranjera y en particular la minera están lejos de haber favorecido al país, en materia ambiental sus consecuencias han sido aún más desastrosas. Así lo han denunciado prestigiosos ambientalistas y las poblaciones aledañas en muchísimos casos; entre ellos La Loma el centro del Cesar, el río Dagua, el ecosistema del río Atrato, las zonas costeras de Santa Marta y Ciénaga y muchísimos casos de enorme gravedad ocurridos en los últimos años. Pero lo más alarmante es el continuismo en las políticas trazadas.
Frente a la gran amenaza de la Greystar en el páramo de Santurbán, por ejemplo, fueron las acciones de la sociedad civil y del gobernador Serpa y NO del gobierno nacional las que impidieron la licencia para dicha explotación, pero la amenaza continúa.
Dicho continuismo se evidencia en el nuevo proyecto de reforma del código minero, sobre el cual dice Manuel Rodríguez: “Lo grave es que el actual gobierno no parece dispuesto a corregir los graves problemas y vacíos en materia ambiental que presenta el Código [vigente]…”
Entre estos menciona la carencia de un ordenamiento territorial previo al otorgamiento de licencias, lo que condena a gravísimos daños ecológicos al no sustraer áreas donde la minería no es viable, por ejemplo la Amazonía donde se han otorgado o están en trámite mas de dos mil títulos mineros1/. O como el archipiélago de San Andrés declarado por la UNESCO hace diez años importante Reserva Mundial de la Biosfera, lo que no fue óbice para que la ANH otorgara licencia de exploración y explotación según Heriberto Fiorillo.5/ Y dice Rodríguez, si bien se contempla la exclusión de páramos y humedales Ramsar, declararlos como tales exige previa aprobación de la autoridad minera. “Lo único que nos faltaba es que sean los mineros quienes decidan sobre los ecosistemas que vale la pena, o no, conservar en el país” 1/
Rodríguez menciona otros gravísimos problemas que el proyecto de código no corrige como: “la eliminación de la licencia ambiental para la fase de exploración”, la ausencia de requisitos de experiencia e idoneidad para los solicitantes de títulos mineros que favorece un modelo especulativo, “los inconvenientes procesos y condiciones para combatir la minería ilegal; la degradación de derechos de las minorías étnicas; y la limitación de los causales para negar una licencia ambiental”1/
Contrariamente a la postura del nuevo ministro es inequívoco que el bienestar futuro y la confianza de los colombianos exigen profundas transformaciones en la política minera.
1/ “El código minero” http://www.eltiempo.com
2/ El Tiempo 21/9/2011
3/ Martha Morales Manchegohttp://www.imcportal.com/
4/http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/la-nueva-lavand…
5/ “Suave con San Andrés” http://www.eltiempo.com