La venta de ISAGEN, que le puede generar a la Nación recursos de entre $4,7 billones y $9,3 billones, es una de las pocas alternativas que tiene el Estado para financiar los proyectos de las nuevas concesiones viales de cuarta generación, pero supone riesgos, señaló hoy la Contraloría General de la República. 

 

La venta puede provocar una baja en los ingresos del país y llevar a recortes presupuestales en los próximos años en algunos sectores, afectaría el mercado de energía eléctrica y la estructura tarifaria, sin contar con que se pasa a depender en ese sector estratégico de las actuaciones de privados. Adicionalmente, podría significar el cambio de un activo productivo por otro cuya rentabilidad es difícil de cuantificar.

 

El organismo fiscalizador de las finanzas públicas analizó la enajenación accionaria de la Nación en ISAGEN en el Boletín Macro Fiscal No. 7, elaborado por la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas.

 

El documento dice que si el proceso licitatorio iniciado para vender la participación accionaria en ISAGEN termina satisfactoriamente, habría que minimizar los riesgos que esa decisión supone, fortaleciendo la regulación y el control a fin de asegurar la expansión del sistema eléctrico nacional y evitar una posible afectación de la estructura tarifaria que le restaría al país competitividad en comparación con los países de América Latina. 

 

“Se ha expuesto que los recursos provenientes de esta venta serán invertidos en la construcción de las carreteras de cuarta generación, sin existir certeza aún de los recursos para los cierres financieros de la segunda y tercera ola de concesiones, lo cual genera una gran incertidumbre sobre la destinación de los recursos estimados como producto de la venta y que  serían otorgados a los inversionistas con unas condiciones de crédito flexible. Por ello se debe garantizar la realización y cumplimiento de los proyectos de 4G”, enfatiza el análisis de la Contraloría.

 

Sostiene también que los impactos fiscales del programa de construcción de cuarta generación de concesiones viales son de difícil cuantificación y además no se manifestarán de manera inmediata, como si es inmediato el efecto de que la Nación deje de percibir dividendos de la empresa.         

 

Se trata de una empresa estratégica

                                                        

El Boletín Macro Fiscal de la Contraloría analiza las ventajas y desventajas de la venta de ISAGEN, teniendo en cuenta el desempeño de la empresa en el contexto nacional, el impacto en las finanzas públicas y si hay otras opciones de financiar los proyectos de 4G.

 

Destaca así, a nivel financiero, el comportamiento favorable de ISAGEN en los últimos años, que muestra solidez y crecimiento.

 

Los ingresos operacionales de ISAGEN crecieron 59% entre 2010 y 2014, permitiéndole generar utilidades de $443 mil millones en promedio durante este período, de las cuales el 57,66% corresponden a la Nación.

 

“A futuro las perspectivas se mantienen en un escenario favorable para la generación de mayores utilidades por la entrada en funcionamiento, a finales de 2014, de la represa de Hidrosogamoso”, agrega.

 

Las cifras financieras unidas a lo significativo de la participación de la empresa en la expansión de la capacidad instalada de energía eléctrica en los últimos años, ponen de presente que ISAGEN es una empresa estratégica para el mercado energético nacional,  que ayuda al Estado en la provisión de este servicio público, garantizando la cobertura nacional, el control de mercado e incluso incidir en la oferta nacional, destaca también.

 

Según estimaciones realizadas por la Contraloría, el valor de la venta de ISAGEN puede generar recursos entre $4,7 billones y $9,3 billones, teniendo en cuenta factores como el comportamiento de los dividendos y su proyección futura ante la entrada en funcionamiento de nuevos proyectos como Hidrosogamoso, así como el atractivo para el futuro inversionista de tener el control de la empresa.

 

¿Qué pasa con las vías 4-G si no se vende ISAGEN?

 

Para la Contraloría, la opción para que ISAGEN no se venda y al mismo tiempo se logre financiar la construcción de la cuarta generación de concesiones viales, sería un mayor endeudamiento de la Nación, bien en el mercado interno o en los mercados internacionales, pudiéndose garantizar su pago con los futuros dividendos de la empresa.

 

Por la magnitud de los recursos involucrados, la Contraloría considera que utilizar el mercado nacional de capitales implicaría desplazar recursos que de otra manera estarían destinados al financiamiento de actividades privadas. Por lo tanto, deberá acudirse al endeudamiento internacional lo cual tendría impacto sobre el costo de la deuda total colombiana en el exterior y  sobre el cumplimento la regla fiscal que limita la magnitud del endeudamiento de la Nación. 

 

Los análisis de la Contraloría muestran que, en las condiciones actuales de las finanzas públicas, la Nación no tendría capacidad para contratar mayor deuda con el objetivo de financiar las vías de 4G.

 

¿Y cuál es la seguridad jurídica de la venta?

 

Los procesos judiciales contra la enajenación de la participación de la Nación en ISAGEN conocidos actualmente son nueve: tres acciones de nulidad, una en la que ya fueron negadas las medidas cautelares que pedían la suspensión provisional del decreto; tres acciones populares, ya existe un fallo de primera instancia favorable al Gobierno Nacional; y tres acciones  que obtuvieron fallos también favorables para el Gobierno, tanto por parte de la Corte Suprema de Justicia como por parte del Consejo de Estado. En este contexto, sería necesario analizar si los eventuales fallos afectarían la estabilidad jurídica del negocio, subraya la CGR.

 

Puntos a favor y en contra de la venta de ISAGEN

 

Según la Contraloría General de la República, las ventajas y desventajas de la venta de ISAGEN se pueden resumir así:

 

Ventajas:

 

·         El control regulatorio del mercado eléctrico está en poder del Estado por lo cual la oferta y los precios de energía pueden ser regulados por la Comisión de Regulación independientemente de la naturaleza jurídica de la empresa.

 

·         Invertir en infraestructura vial de 4G promueve el desarrollo económico y social del país, vía crecimiento del PIB, generación de empleo, reducción de costos y tiempos de viaje, además de tener efectos positivos sobre la oferta de bienes, la inflación, y los índices de competitividad nacional.

 

·         Las condiciones económicas del mercado favorecen el precio de la venta. Las condiciones financieras y productivas de ISAGEN la hacen atractiva en el mercado energético y permitirá que la subasta determine un precio de venta superior a la base propuesta por el gobierno.

 

En contra: 

 

·        Si bien es cierto el control regulatorio lo tiene el Estado, también es cierto que hoy la empresa tiene poder de mercado, que por su capacidad en la producción eléctrica es de importancia estratégica, en un mercado oligopólico donde participan las empresas.  En este escenario deben plantearse los riesgos que supone para el Estado la venta de la participación accionaria en ISAGEN pues limita el control natural que tiene hoy el Estado en el mercado nacional de energía eléctrica.

 

·         Se pasa a depender de las acciones de los privados para expandir la oferta energética. Las empresas estatales  han mostrado ser el principal instrumento con que ha contado el país para garantizar una oferta energética eficiente y confiable, fundado en inversiones para el desarrollo de la capacidad instalada que se requiere con miras a suplir las necesidades que presenta la demanda nacional de energía eléctrica.

 

La evidencia empírica ha demostrado que, en Colombia, las empresas con participación estatal son, mayoritariamente, las emprendedoras de los grandes proyectos, presentando un importante nivel de cumplimiento en su construcción. Un caso reciente es EPM, que aun cuando suspendió temporalmente la construcción del proyecto Porce IV, en este momento se encuentra adelantando el proyecto Hidroituango.

 

·         La venta de ISAGEN, genera presiones sobre las finanzas públicas, pues la Nación dejará de recibir anualmente el monto de los dividendos para la financiación del gasto público, por lo cual la venta en las actuales condiciones de los ingresos de la Nación llevaría al Gobierno, en los próximos años a hacer recortes presupuestales en otros sectores diferentes al de infraestructura vial.

 

·         Los recursos de la venta deben ser ejecutados en lo que se ha planeado y en el tiempo proyectado, de lo contrario los recursos obtenidos se convertirían en un flujo de caja que permitiría aliviar temporalmente la coyuntura fiscal y no revertir en los beneficios económicos y sociales esperados.