Al resolver la situación jurídica, un fiscal de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación en contra de la exsenadora Dilian Francisca Toro Torres, por el delito de lavado de activos con circunstancias de agravación punitiva.

La investigación, adelantada desde 2008, inicialmente por la Corte Suprema de Justicia, se deriva de las supuestas negociaciones que entre 2005 y 2007 realizó la sociedad Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., de la cual hace parte la excongresista, al adquirir las fincas San Miguel, La Milagrosa y Brasilar, ubicadas en Palmira y Bolívar (Valle del Cauca), predios que tuvieron su origen en actividades de narcotráfico del Cartel de Cali.

Según lo establecido y de acuerdo con los ingresos que obtenía la parlamentaria, la compra de las tierras no estaría justificada.

Toro, procesada por la Fiscalía después de renunciar a su fuero, permanece privada de la libertad en el Centro de Estudios Superiores de la Policía.