Los partidos representados en el Legislativo solicitaron al Ejecutivo reflexión acerca de las iniciativas que puede rechazar y no sancionar. El Gobierno ha reconocido que varias de las iniciativas desbordan el presupuesto, como la reducción en los aportes a salud de los pensionados
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Hay incertidumbre en el Congreso frente a los proyectos que el Gobierno anunció que objetaría por falta de recursos económicos. Sin embargo, los legisladores le hicieron un llamado al Ejecutivo para que lo estudie detenidamente.
El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, indicó que hasta el momento no ha visto ninguna declaración pública del Ministro de Hacienda donde diga que va objetar los proyectos, “lo que dice es que los va a estudiar, y mi llamado público al Gobierno es que piense en los colombianos. Yo le he pedido al Gobierno que no objete las leyes”.
Entre los proyectos que esperan la sanción presidencial se encuentran:
Proyecto de reducción pensional
Este proyecto de ley aprobado en último debate por la plenaria del Senado, busca modificar el inciso 2° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, para disminuir el aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud que realizan los pensionados de Colombia, que actualmente se encuentra en 12%. La propuesta es reducir el aporte al 4% del ingreso de la respectiva mesada pensional. Este beneficio aplicaría para pensiones que no representen más de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. En otras palabras, los pensionados pagarían 8% menos, con lo cual, de acuerdo a cifras dadas por uno de los ponentes, se beneficiarían dos millones de personas. Sin embargo el Gobierno anticipó que objetará el proyecto de ley. Cabe recordar que el Gobierno considera que “la ley de responsabilidad fiscal precisa que si se decide bajar un ingreso, en este caso del sistema de salud colombiano, se tiene que decir con qué fuente se va a reponer, y este proyecto tampoco lo hace”.
No obstante congresistas le hacen un llamado al Gobierno para que recapacite. En un comunicado el Partido Liberal manifestó que “con el respaldo de los Partidos de la Unidad Nacional, los Liberales impulsamos esta iniciativa para beneficiar a una población que requiere del apoyo de todos los colombianos y para ayudar al Gobierno a cumplir un compromiso adquirido con el país. En este orden de ideas, convocamos respetuosamente al Señor Presidente de la República para que dé un espaldarazo final a esta Ley. Consideramos indispensable que el Gobierno haga los esfuerzos financieros que se requieren para darles a estos colombianos un apoyo que por años llevan esperando”.
Proyecto de cotización de mujeres
El Ministerio de Hacienda estimó que el impacto fiscal de la ley que fue aprobada por el Congreso y que rebaja las semanas de cotización a las mujeres que ganan menos de 2 salarios mínimos ($1.4 millones) sería de $66,2 billones. En el análisis, la entidad señala que “tomando en consideración la información de afiliados en términos de años de edad y semanas cotizadas, así como la participación de las mujeres en el pasivo pensional de ese grupo, se estima que la aplicación de la disminución de 150 semanas en el requisito pensional de tiempo mínimo en las mujeres incrementaría el número de pensiones y el nivel de subsidio promedio, generando un pasivo pensional con impacto fiscal adicional con un valor presente de $66,2 billones de 2017 (7,29% del PIB)”. Lo que se sabe es que la objeción alegaría vicios de inconstitucionalidad, pues al ser un tema de tributos no cuenta con el aval del Gobierno e “incluye una medida regresiva que no prevé una fuente sustituta de recursos”.
Tamizaje
El proyecto de ley de tamizaje neonatal, que buscaba practicar pruebas a los recién nacidos para evitar enfermedades, se hundió porque los textos conciliados en Cámara de Representantes y Senado eran diferentes.
El senador Jorge Iván Ospina aseguró que alguien tenía la intención de hundir la ley y, por eso, realizará una investigación para determinar quién cambió el texto conciliado y publicó un texto diferente en la Cámara de Representantes. Según él, eso configuraría falsedad en documento público.
"Entre las leyes que objetaría el Gobierno, está la reducción de aportes de los pensionados del 12 al 4 por ciento".
Proyecto contra la infertilidad
Frente a esta iniciativa que incluye los lineamientos para la prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS), se argumenta que tendría un costo de $1.1 billones anuales. En este sentido la representante Martha Villalba, autora del proyecto, dijo que objetar la ley de infertilidad apaga los sueños de parejas que no han podido ser padres.
“El que este proyecto no sea sancionado como Ley de la República apaga los sueños de 2.5 millones de parejas que no han podido ser padres, por lo que le pedimos al presidente Juan Manuel Santos no objetar esta iniciativa que beneficiará a estas personas que tienen problemas de infertilidad, para que bajo la orientación del Ministerio de Salud puedan acceder a estos tratamientos y no se sigan vulnerando sus derechos”, dijo Villalba.
Recargos nocturnos
El proyecto de recargos nocturnos podría ser objetado por el Gobierno. Sin embargo está a la expectativa. El proyecto de ley que busca modificar el recargo nocturno de 10:00 p.m. a 9:00 p.m. pasó a sanción presidencial luego de superar sin ningún cambio la conciliación en el Congreso. Los textos aprobados por las dos Cámaras tenían una diferencia: el de Senado planteaba que se contaban desde las 9:00 p.m., y la de la Cámara desde las 8:00 p.m., por ello se llegó a la conciliación y finalmente los representantes acogieron el texto de los senadores.
Anuncia sanción de proyecto
Entre tanto el presidente Juan Manuel Santos anunció que en los próximos días sancionará la Ley de Alivio Financiero que beneficia a quienes hoy son deudores de Finagro –a través del PRAN– y del Fonsa, y que no han podido pagar sus obligaciones. Con esta ley se suspenderá el cobro de las deudas vencidas a 30 mil campesinos y productores agrícolas –entre ellos 18 mil cafeteros–, que podrán evitar el embargo y remate de sus tierras y acogerse a un periodo de gracia de dos años, para ponerse al día con sus obligaciones antes del 30 de junio de 2019.
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