A junio de este año el Gobierno ha firmado 29 Acuerdos Colectivos en 13 departamentos en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el cual se inició a finales de enero pasado, indicó la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Esta iniciativa tiene como telón de fondo la preocupación internacional, particularmente de parte de Estados Unidos, porque los plantíos de coca llegaron a 188 mil hectáreas en 2016.

La meta de la administración Santos para este año es erradicar 50 mil hectáreas de coca por la vía del consenso con los campesinos que se vinculen a este programa de sustitución, que con beneficios y fomento espera que en adelante deriven su sustento y el de sus familias de cultivos lícitos.

La FIP explicó  en un informe que preparó sobre el particular, titulado ‘¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos? Principales avances, desafíos y propuestas para hacerles frente’, el primero de una serie de estudios,  que de acuerdo con la información más actualizada sobre los 29 Acuerdos Colectivos que se han firmado hasta la fecha, 75.924 familias se beneficiarían del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito tras erradicar un total de 79.191 hectáreas.

El número de familias podría llegar a 132.774 y el de hectáreas a 118.504, siguiendo las proyecciones realizadas por el Gobierno nacional. Para cubrir las asignaciones por familia, el Ejecutivo necesitaría aproximadamente entre $2.5 billones  y $4.7 billones, a lo cual deben sumarse los costos de transacción y de gestión operativa.

“El Gobierno nacional tiene la meta este año de erradicar 50 mil hectáreas de coca”

“Para cumplir la meta de sustituir 50 mil hectáreas de coca en 2017, el Ejecutivo deberá conseguir que cada día se erradiquen, con fines de sustitución, un promedio  de 330 hectáreas”, indicó la FIP.

Añadió que los 29 acuerdos tienen el compromiso de sustituir y no resembrar; el papel que tendrán las asambleas comunitarias; los compromisos de los gobiernos locales, y las condiciones en las cuales se puede hacer erradicación forzosa, así como el compromiso del Gobierno con la ejecución del Plan de Acción Inmediata.

Al revisar los acuerdos, la FIP encontró diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, el 77% incluye a recolectores, el 30% a familias no cultivadoras y en el 35% las Farc no adquieren ningún compromiso. Adicionalmente, los primeros acuerdos son muy generales en cuanto a la oferta estatal en el territorio.

Añade esta ONG que lo anterior se da porque los acuerdos de paz fueron construidos uno a uno a nivel territorial, lo que refleja los procesos de concertación local, pero un programa que se ha construido sobre la marcha.

Preocupaciones

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito es la cara más visible de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, indicó la FIP. Agregó que en los territorios afectados por este problema con el acompañamiento de las Farc, el Gobierno ha venido convocado a las comunidades y la institucionalidad local para construir acuerdos colectivos que permitan avanzar en la sustitución.

“Lo anterior, en el marco de una fuerte presión internacional –especialmente de los Estados Unidos que recientemente han vuelto a exigir la fumigación, y nacional, con distintos sectores que reclaman una reducción urgente en los cultivos de coca. De esta manera, la demanda de soluciones inmediatas se contrapone con la necesidad de apostarle a un esfuerzo sostenido enfocado en mejorar la calidad de vida de los campesinos y el desarrollo rural, con el riesgo de que las respuestas inmediatas terminen consumiendo los recursos necesarios para implementar las medidas de largo plazo”.

Añadió que “para la FIP, la pregunta de fondo tiene que ver con la capacidad del Estado de transformar e integrar los territorios afectados por los cultivos, lo cual requiere, necesariamente, la provisión de bienes públicos. Lo anterior, sobre la base de un proceso que necesita importantes recursos, tiempo, coordinación y liderazgo político”.