A pesar de que no están listas todavía las dos subsalas en la Corte Suprema para efectos de instaurar el derecho a la doble instancia a los congresistas como lo estable el Acto Legislativo 01 del pasado jueves, este lunes la Sala Penal de esta Corporación reiteró que no pierde la competencia de los procesos que vienen en marcha mientras que se establece el nuevo esquema.

Así lo indicó la Sala Penal en la reanudación del juicio al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. El togado José Francisco Acuña, ponente en este proceso, explicó que “la Sala va a decir que conservamos la competencia para juicios que ya han iniciado, de modo que esa es la razón por la que estamos nosotros reanudando la audiencia”.

Hoy varios exmagistrados de la Corte Suprema consideraron que se presenta un limbo en esta reforma constitucional que garantiza la doble instancia en los procesos penales a los congresistas, pues el Congreso no tuvo en cuenta un periodo de transición para los procesos que vienen en marcha.

El exmagistrado Augusto Ibáñez indicó sobre los efectos por la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018 que “los procesos o se pueden paralizar y la reforma se debe entender hacia el futuro, lo que quiere decir que no se pueden revivir procesos, los trámites que se iniciaron deben culminar con el trámite anterior”.

Mientras que el también exmagistrado de la Corte indicó que “es un tema discutible, pero el Acto Legislativo es una improvisación (…) se debió hacer previendo el tránsito del sistema, hay que correr a crear esos nuevos cargos, (…) si la Corte falla y no está creada la segunda instancia el proceso puede frenarse porque ante quién van a apelar”.

Por su parte el representante a la Cámara, Telésforo Pedraza, quien fue ponente del proyecto que derivó en esta reforma constitucional, dijo a EL NUEVO SIGLO que “ese fue un proyecto presentado por el presidente entonces de la Sala Penal, el doctor Eugenio Fernández, y el mismísimo Ministro de Justicia. Eso se aprobó relativamente a la carrera, digámoslo claramente, y dijeron que en el curso del trámite de la iniciativa se podían hacer los ajustes que fueran del caso. No se hizo ninguna modificación y el proyecto prácticamente quedó tal cual fue presentado por el Ministro de Justicia y el doctor Eugenio Fernández, y que suscribimos varios parlamentarios entre los cuales me cuento”.

El Legislador conservador coincidió en que “puede estar faltando efectivamente eso y naturalmente no hay que crear una confusión, entre otras porque la Corte Suprema ya venía mediante el reglamento estableciendo una especie de subsala dentro de la sala para que hiciera de primera instancia y la Sala Plena de segunda”.

En tanto que en días pasados el ministro de Justicia, Enrique Gil, dijo que “no es esencia de las leyes dar un plazo para empezar a andar”, por eso, dijo, se están dando fórmulas que permitan que el sistema entre a operar lo más pronto posible.

Este Acto Legislativo dispone crear en la Corte Suprema  una Sala Especial de Instrucción integrada por seis  magistrados y una Sala Especial de Primera Instancia, por tres magistrados.

Corresponderá a la Sala Especial de Instrucción investigar y acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos.

Contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte.

Recursos

La semana pasada el Procurador Fernando Carrillo urgió al Gobierno y al Consejo Superior de la Judicatura la adopción de medidas inmediatas que permitan  implementar la doble instancia en los procesos contra aforados que conoce la Corte Suprema, y rechazó que la Sala Penal haya perdido competencia para avanzar en las investigaciones y juzgamientos de aforados.

El jefe del Ministerio Público criticó que con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018 se pretenda frenar la continuidad de las 352 indagaciones e investigaciones contra congresistas y los 94 juicios que adelanta el alto tribunal.

“La Sala Penal no pierde la competencia para continuar con los procesos que tramita actualmente como parte de esta lucha contra la corrupción, y así la mantendrá hasta tanto se implemente y ponga en marcha el nuevo esquema institucional, que debe entrar en funcionamiento a la mayor brevedad posible”, dijo Carrillo.

Ayer la presidente del Consejo de la Judicatura, Martha Olano, dijo que se necesitan más de $13.500 millones para la aplicación de la doble instancia. “Es necesario que se pongan los recursos a disposición para que empecemos a hacer la convocatoria de los nueve magistrados que integrarían esta nueva sala penal de la Corte Suprema”, señaló.