Los líderes del No plantearon anoche un encuentro directo con las Farc. La propuesta la hicieron al término de una reunión por más 5 horas con los delegados del gobierno Santos en donde se analizó a fondo el nuevo acuerdo de paz con la guerrilla anunciado el 12 de noviembre en La Habana. 

En dicho encuentro, que se llevó a cabo en el Ministerio del Interior, participaron el expresidente Álvaro Uribe, los precandidatos uribistas Iván Duque, Óscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo, así como la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, el exprocurador Alejandro Ordóñez, la senadora liberal Sofía Gaviria (en representación de las víctimas de las Farc) y la líder cristiana  Claudia Rodríguez de Castellanos, entre otros. A nombre del Ejecutivo estuvieron el jefe negociador Humberto de La Calle, el alto comisionado de Paz Sergio Jaramillo, el también negociador Frank Pearl, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el alto consejero presidencial Rafael Pardo. 

Al término del encuentro fue evidente la grave contradicción entre las partes no sólo en cuanto a la posibilidad de ajustar este nuevo acuerdo de paz, sino sobre la refrendación popular del mismo.

En otras palabras, que la polarización política entre los del Sí y los del No volvió a reactivarse de forma sustancial y es seguro que tendrá consecuencias a corto, mediano y largo plazos, pues fue imposible un consenso político alrededor del proceso de paz.

Pliego de cargos 

El expresidente Uribe fue el encargado de leer el comunicado de los líderes del No.

“Voceros del No y representantes de las víctimas insistimos esta noche en un Acuerdo Nacional para introducir unas modificaciones al acuerdo ajustado entre el Gobierno y la Farc”, indicó el jefe de la oposición.

Insistió en que el Ejecutivo negó la posibilidad de este Acuerdo Nacional sobre temas sustanciales como las normas de impunidad y órganos de justicia; no elegibilidad de guerrilleros mientras cumplen las penas; eliminar el narcotráfico como conexo al delito político; asegurar que no haya interpretaciones de Bloque de Constitucionalidad o de Supraconstitucionalidad, esto es, que el Acuerdo no entre a la Constitución; encontrar una solución humanitaria a los familiares de los secuestrados, y garantizar la liberación de los niños reclutados; garantizar los derechos de la mujer sin confusiones derivadas del enfoque de género; atender las preocupaciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas, que requieren la más próxima libertad y el derecho de buscar la restitución de la honra.

“El Gobierno nos ha dicho que estos temas no son revisables. Solamente propone un Acuerdo de Implementación en el Congreso, que no permitiría modificar los anteriores aspectos, fundamentales para el presente y futuro de nuestra democracia”, recalcó el comunicado de los del No.

Insistieron en que un “Acuerdo Nacional” debería incluir a los partidos, a la justicia, al Vicepresidente de la República, a la reserva activa de las Fuerzas Armadas, y a los diversos sectores sociales y religiosos.

A renglón seguido reconocieron algunos puntos en los cuales “ha habido avances y algunos temas que podrían tener algunos ajustes en el Congreso. Sin embargo, sin las reformas de los temas enumerados, el Acuerdo de Gobierno y Farc, es apenas un retoque del Acuerdo rechazado por los ciudadanos”.

Informados que desde ayer estaba la plana mayor de las Farc en Bogotá, encabezada por Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, los del No reiteraron su disposición de “ayudar a la adopción de las medidas que mantengan y consoliden el cese de violencia con Farc, y den protección a sus integrantes”.

Dicho lo anterior, los del No indicaron que “tenemos toda la disposición de dialogar con el Gobierno y la Farc sobre las modificaciones en los temas referidos. Para este diálogo proponemos aprovechar la presencia en Bogotá de los líderes de la Farc”. 

El último punto del comunicado, pero no menos importante, recalcó que “es fundamental afirmar que se  requiere refrendación del pueblo colombiano, sobre la totalidad del Acuerdo entre Farc y Gobierno, o sobre los puntos referidos de desacuerdo”.

No se tocará: Gobierno 

La voz cantante del Gobierno la llevó, de nuevo, De la Calle e inició replicando las tesis del uribismo y compañía en torno a que no se debió haber cerrado el acuerdo en La Habana sin antes haberlo presentado a los líderes del No. 

En un comunicado, el jefe negociador recalcó que “en ningún momento, el Presidente Santos ni nadie del equipo negociador ofreció a los voceros del No la posibilidad de revisar el acuerdo antes de su cierre”.

De la Calle consideró que “llegó la hora de avanzar. Llegó la hora de unirnos alrededor de este nuevo acuerdo, de este acuerdo mejorado y ajustado, para implementarlo, proteger lo alcanzado y avanzar hacia la consolidación del fin del conflicto y la construcción de la paz”.

El Gobierno insistió en que los cambios en este nuevo acuerdo, frente al que se hundió en las urnas el 2 de octubre cuando el No se impuso en el plebiscito, fueron sustanciales.

Enumeró el Ejecutivo los ajustes en materia de uso de los recursos de las Farc para reparar a las víctimas, para lo cual tendrán que entregar un inventario de bienes y activos detallado. También se descartó que haya en el nuevo pacto “ideología de género”, sino un “enfoque de género para dar prioridad a la atención de las mujeres víctimas del conflicto y reconocer su papel como constructoras de paz”. 

Igualmente en cuanto a la reforma rural integral, se destacó la inclusión de la agroindustria y del turismo como parte de las soluciones para el desarrollo del campo. También se destacó la garantía de no afectar el derecho a la propiedad privada.

Sobre narcotráfico, el Gobierno recalcó que los que vayan a la Jurisdicción de Paz deben entregar toda la información detallada sobre el negocio para que se puedan establecer responsabilidades. De igual manera, la conexidad del narcotráfico con el delito político se definirá caso a caso, de acuerdo con la jurisprudencia colombiana sobre el tema.

También destacó el Ejecutivo que se excluyó explícitamente a las Farc de la posibilidad de presentar candidatos en las circunscripciones especiales para la paz, así como la reducción de la financiación del partido que surja tras su desmovilización.

Tras ese inventario, De la Calle insistió en que “el gobierno nacional propuso buscar un acuerdo político nacional, recogiendo la idea del expresidente Uribe. Consideramos que un pacto de esta naturaleza permitiría avanzar por consenso en la implementación del acuerdo, de manera concertada con los voceros del No”.

Solicitud a la Corte 

De otro lado, ayer se conoció que el exministro de Justicia y actual asesor del Gobierno en el proceso de paz, Yesid Reyes, presentó el mes pasado un documento ante la Corte Constitucional para que se avale la figura del ‘fast track’ en el Congreso de la República para la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc. 

Pero la petición va más allá, puesto que en la solicitud, radicada en el alto Tribunal, se manifiesta que se debe eliminar el proceso de refrendación popular del acuerdo. 

Como se sabe, la figura del ‘fast track’ establece una reducción en el número de los debates en el Congreso para tramitar las leyes y reformas constitucionales derivadas del proceso de paz.

La solicitud de Reyes se une a otras cinco demandas que cursan ante la Corte Constitucional, varias de las cuales apuntan a que se deje vivo el ‘fast track’ pero que se elimine el condicionamiento que ata la vigencia y aplicación del mismo a que haya una refrendación popular positiva del acuerdo.

Es claro que lo buscaría el Gobierno con este tipo de peticiones es acelerar la implementación del acuerdo por la vía del Congreso sin tener que citar un nuevo plebiscito u otro mecanismo de participación popular.